Desorden y opacidad en la aplicación de las vacunas anticovid

En México, hasta el 30 de diciembre pasado, se habían aplicado 24 988 dosis de la vacuna anticovid desarrollada por Pfizer-BioNtech. Lo anterior de acuerdo a datos difundidos por diversas organizaciones, entre ellas el ‎Centro Europeo para...

5 de enero, 2021

En México, hasta el 30 de diciembre pasado, se habían aplicado 24 988 dosis de la vacuna anticovid desarrollada por Pfizer-BioNtech. Lo anterior de acuerdo a datos difundidos por diversas organizaciones, entre ellas el ‎Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades‎ (ECDC).

Y ayer, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que “nosotros llevamos ya 39 mil, casi 40 mil personas vacunadas (…) para finales de enero vamos a tener más de un millón 400 mil dosis que nos van a permitir vacunar a 750 mil personas, que es lo que estimamos necesitamos para vacunar a todo el personal médico que está en hospitales Covid salvando vidas”.

Lo anterior suena muy bien, pero esos 750 000 trabajadores del sector salud requerirán de 1 500 000 dosis, que son 100 000 más que las que mencionó AMLO.

La vacuna de Pfizer debe aplicarse dos veces, pues la segunda dosis debe suministrarse exactamente 21 días después de la primera. O sea que en solo 9 días –el 14 de este mes– la segunda dosis deberá de aplicarse a las 2924 personas que recibieron la primera el 24 de diciembre. Y, así, cada día deberán ser suministradas las segundas dosis a quienes fueron vacunados 21 días antes.

¿Cómo va a controlar el gobierno federal este proceso para asegurarse de que ningún médico, enfermera o trabajador que está en alto riesgo de contraer COVID-19 se quede sin su segunda dosis?

No lo sé y ningún funcionario lo ha explicado.

Lo que sí ha quedado evidenciado hasta ahora es el desorden con que se está llevando a cabo el programa de vacunación.

Trabajadores del sector salud que atienden a enfermos de Covid han denunciado que sus nombres no están incluidos en las listas de quienes deben ser vacunados antes que otros, pero que sí aparecen los de funcionarios y personal médico que no atiende a las víctimas del coronavirus. Para variar, nadie es responsable de estas anomalías que ponen en riesgo la vida de estos trabajadores.

El desorden es tal que del 31 de diciembre hasta el domingo pasado, los encargados de aplicar la vacuna, tanto los de la Secretaría de Salud como los de la Defensa Nacional, dejaron de hacerlo porque se fueron de vacaciones a pesar del repunte de contagios. La inexcusable irresponsabilidad de estos funcionarios públicos tuvo su mejor exponente en el charlatán que cobra como subsecretario de Salud, quien a pesar de pedirle a la población no salir de casa, no viajar y mantener la sana distancia, se fue de vacaciones a Zipolite (Oaxaca) violando así todas y cada una de sus recomendaciones.

En diciembre, no más de 30 000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna, número que dista muchísimo de las cifras que dio el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia de prensa presidencial del 14 de octubre pasado, cuando dijo, sin que AMLO lo corrigiera, que “Durante el mes de diciembre se podría vacunar hasta 2.6 millones de personas, después 3.5 millones de personas adicionales entre enero y febrero y 11 millones en marzo, de tal forma que hasta el primer trimestre del próximo año se estarían vacunando más o menos alrededor de 20 millones”.

En lo que al programa de vacunación se refiere, las únicas constantes han sido el desorden, las cifras alegres y la opacidad.

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Explicó que no era un control de precios sino “una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo”, y que se convenció a distribuidores y comerciantes “a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas”. Ese día muchos opinamos que el plan no serviría de gran cosa porque no atacaba las causas de la inflación, muchas de las cuales son inatacables por originarse en el extranjero. Días antes de que se presentara el PACIC, el INEGI difundió que en abril el aumento anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 7.72%, el del índice subyacente fue de 7.16% y el del índice no subyacente fue de 9.38%. Desde entonces a la fecha, los aumentos anualizados del INPC fueron los siguientes: 7.58% en mayo, 7.88% en junio, 8.16% en julio, 8.62% en agosto, 8.76% en septiembre, 8.53% en octubre y 8.14% en noviembre. El hecho de que durante los últimos dos meses la inflación se haya incrementado a menor velocidad es una buena señal y es deseable que sea el principio de una tendencia a la baja. Sin embargo, hay que tener presente que hace un año, en noviembre de 2021, el INPC anualizado aumentó 7.05% hasta llegar al 8.76% de septiembre pasado. Si bien se registran bajas en el aumento anualizado del índice no subyacente, que en noviembre fue de 6.62%, muy por debajo del 11.68%% que se registró en noviembre de 2021, aún falta mucho para que los aumentos de precios no acaben con lo poco que le queda de poder adquisitivo a los ingresos de los que menos ganan. En noviembre, el aumento anualizado de los precios de frutas y verduras fue de 6.41%, mucho menor que el 23.04% que se registró en diciembre del año pasado, mientras que el aumento anualizado de los precios de los productos pecuarios (carne, pollo, pescado, huevos y leche) fue de 14.26%, un porcentaje que condena a millones de personas a consumir menos de la cantidad de proteínas que sus cuerpos requieren cada día. En donde el PACIC ha fracasado es en controlar la inflación medida por el índice subyacente, que es la que los economistas prefieren seguir para determinar hacia dónde van los precios. Y no está sujeta a los vaivenes de la temporalidad o decisiones gubernamentales, como ocurre con la no subyacente. Desde noviembre de 2021, el índice subyacente ha registrado aumentos anualizados cada vez mayores, desde el 5.53% ese mes hasta el 8.66% en noviembre de este año. En ese mismo periodo, el aumento anualizado de precios de alimentos y bebidas fue de 7.52% al 14.1%, el de mercancías no alimenticias de 6.51% a 8.60%, el de vivienda (vivienda propia o en renta, servicio doméstico y otros servicios para el hogar) de 2.45% a 3.10%, el de colegiaturas de 2.45% a 4.49% y el de otros servicios (loncherías, fondas y taquerías, restaurantes, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos, entre otros) de 5.48% a 7.58%. Es indudable que aún falta mucho para realmente controlar el aumento de precios. Seguirán las alzas de interés y los empresarios más fuertes, si pueden, deberán reducir sus utilidades un poco más. 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