Desaparecidos: Sheinbaum promete, México exige

18 de marzo, 2025

Eduardo Ruiz-Healy

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que los desaparecidos son una “prioridad nacional” y anunció el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la reactivación del Centro Nacional de Identificación Humana y reformas legales para unificar datos y transparentar investigaciones. Mencionó el caso de Teuchitlán, y prometió justicia sin ambigüedades. Sus intenciones son claras y buscan responder a un problema que su antecesor manejó con dudosa seriedad. Finalmente, serán los resultados los que demuestren el compromiso de la presidenta.

No existe una cifra precisa sobre los desaparecidos, pero se estima que llegan a entre 120,000 y 150,000. Ese rango se obtiene de reportes periodísticos, cálculos de grupos buscadores y organizaciones no gubernamentales y diversas hipótesis. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó 111,521 casos en septiembre de 2023, y las proyecciones sugieren que hoy son más de 124,000, con un incremento de más de 20 casos diarios. El Estado de México registra 60,559, Jalisco 24,252, Nuevo León 22,917 y Tamaulipas cerca de 15,000. Estos datos, obtenidos de fuentes oficiales y plataformas digitales, son aproximados: la exactitud sigue siendo imposible.

Jalisco ilustra la magnitud del problema. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) domina la región: el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, descubierto este mes por los Guerreros Buscadores, reveló hornos y restos que podrían corresponder a cientos de víctimas. Los casos de los estudiantes disueltos en ácido en 2018 y los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno en 2023 reflejan una tendencia: aproximadamente el 60% de los desaparecidos en Jalisco—unos 14,500—tendrían vínculos con actividades criminales, eliminados en mayor medida por cárteles rivales y, en menor medida, por autoridades implicadas. El 40% restante serían civiles atrapados en la violencia.

El total de 150,000, basado en números no verificables, no incluye los 52,000 cadáveres sin identificar acumulados en morgues del país, un problema paralelo no resuelto. Andrés Manuel López Obrador intentó simplificar la cuestión: su “censo” de 2023 redujo los 110,000 casos a 12,000 “confirmados”, una maniobra electoral evidente antes de 2024. La ONU y Karla Quintana, quien renunció a seguir dirigiendo la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cuestionaron: los datos se basaban en supuestos sin fundamento. El registro volvió a 111,521 bajo presión, demostrando que las cifras pueden servir a fines políticos más que a la verdad. ¿Cuántos están ocultos por decisión propia? Tal vez entre 6,000 y 15,000, un 5–10%, pero es imposible saberlo con precisión.

Claudia Sheinbaum, con casi seis meses en el cargo, es acusada por la oposición y grupos de buscadores por una falta de acción. Si busca evitar el precedente de su antecesor—alterar datos o eludir responsabilidades—, debe concretar lo que ayer anunció. El Registro requiere precisión, el Centro Forense necesita recursos efectivos, los colectivos de buscadores merecen apoyo real, y los responsables— cárteles y funcionarios involucrados, entre ellos los 306 de Jalisco entre 2018 y 2024—deben enfrentar las consecuencias. Ese “150,000”, aunque impreciso, no puede ignorarse. México exige resultados.

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