Estados Unidos dio ayer un paso que redefine su relación con México y América Latina en materia de seguridad. Al designar a ocho grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), abrió un nuevo frente en la lucha contra el crimen organizado y generó interrogantes sobre sus implicaciones. Seis de estas organizaciones son mexicanas (cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noroeste, Cárteles Unidos y Nueva Familia Michoacana), una es venezolana (Tren de Aragua) y otra se originó en EEUU y actúa en Latinoamérica (Mara Salvatrucha).
La medida anunciada por el Departamento de Estado prohíbe la entrada a EEUU a miembros y colaboradores de estas organizaciones y autoriza congelar sus activos y perseguir judicialmente a quienes les brinden asistencia, financiamiento o recursos. Pero más allá de esto, el mensaje es claro: EEUU ahora ve a los cárteles no solo como grupos delictivos, sino como amenazas a su seguridad nacional.
Históricamente, EEUU había calificado de terroristas a grupos con agendas políticas, como Hamas, Hezbolá o Al Qaeda. Incluir a organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos marca un cambio conceptual, pues la violencia de los cárteles no encaja en la definición clásica de terrorismo. La decisión es, evidentemente, un ajuste conveniente para justificar futuras acciones unilaterales. Si Donald Trump percibe que estas organizaciones representan un peligro inminente, podría ordenar ataques selectivos en México u otros países, alegando defensa propia.
Por ahora, una intervención militar en nuestro país es improbable debido a las complicaciones diplomáticas que generaría, la violación de soberanía que implicaría, los desafíos operativos que enfrentaría y la existencia de alternativas menos controvertidas, como la cooperación en seguridad e inteligencia.
Sin embargo, el riesgo para México es evidente. La corrupción y la fragilidad institucional limitan la capacidad del gobierno para enfrentar a estos grupos. Los cárteles han tejido redes de complicidad en todos los niveles, infiltrando policías, financiando políticos y controlando comunidades enteras.
Ante esto, la presidenta debe rechazar cualquier acción militar extranjera con un discurso firme de soberanía, pero sin confrontación directa, apostando por la cooperación en inteligencia, extradiciones y control del tráfico de armas y precursores químicos. También debe fortalecer la seguridad interna con depuración de fuerzas policiales y acciones contra políticos que de una manera u otra apoyan o han apoyado a los cárteles.
Si México no toma el control de la situación, alguien más lo hará. La historia demuestra que cuando EEUU percibe una amenaza directa, no duda en actuar con o sin permiso. Hoy, la designación de los cárteles como terroristas es solo un primer paso en una escalada que podría terminar con sanciones más severas. Para evitarlo, la presidenta Sheinbaum está demostrando que puede enfrentar al crimen organizado con resultados tangibles. Del 5 al 18 de febrero, la Operación Frontera Norte ha logrado detener a 583 presuntos delincuentes y asegurar 453 kilogramos de cocaína, 16,073 de metanfetamina, 4 de heroína y 55 de fentanilo. Que le den esos datos a Trump.
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