Cuernavaca y Totolapan, dos casos más de la creciente violencia política

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7 de octubre, 2022

“Las nuevas democracias son más propensas a la violencia política que las democracias consolidadas (…) En las democracias que siguen a un gobierno militar, el antiguo liderazgo autocrático a menudo sigue siendo una fuerza política activa en el nuevo régimen. La presencia continua de una oposición materialmente poderosa crea una división en el nuevo régimen, lo que aumenta el riesgo de conflicto”.

Lo anterior lo escribieron en 2016 los politólogos Scott Cook de la Universidad Texas A&M y Burcu Savun de la Universidad de Pittsburgh en su artículo “New Democracies and the Risk of Civil Conflict: The lasting legacy of military rule”, que se publicó en la revista Journal of Peace Research.

Otros autores han concluido que la violencia civil y política se incrementan cuando un régimen autoritario, militar o no, es desplazado por un sistema democrático y de repente se liberan las fuerzas políticas que hasta entonces estuvieron reprimidas.

También, otros analistas han demostrado que para la delincuencia organizada es más fácil establecerse y prosperar dentro de un sistema democrático que aún no se consolida, en el que los gobernantes no tienen en sus manos todo el poder que las leyes les otorgan y los políticos están dispuestos a dejarse ayudar por los criminales.

México es un buen ejemplo de lo anterior.

La incipiente democracia mexicana realmente dio un brinco hacia adelante en 2000 cuando el PRI perdió la presidencia tras 71 años de tenerla en su poder.

A partir de ese año se desató una brutal competencia entre los partidos políticos para hacerse, por las buenas o por las malas, de presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y senadurías y la presidencia de la República.

Unas de las manifestaciones de esa lucha sin cuartel por el poder político y todos los beneficios económicos y sociales que este le otorga a quienes lo obtienen, son las agresiones físicas contra funcionarios y candidatos a un cargo de elección.

De acuerdo con la consultora Etellekt, desde 2000 hasta el 31 de mayo pasado habían sido asesinados en todo el país 1271 políticos. Entre ellos 144 aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección. De estos últimos, 116 o el 81% buscaban un cargo municipal, 20 o el 14% buscaban una diputación local o una gubernatura, y 8 o el 6% restante querían ser diputados federales.

El jueves se dieron dos nuevos casos de violencia política. En Cuernavaca asesinaron a Gabriela Marín, diputada local por el partido Morelos Progresa, mientras que en Totolapan, Guerrero, gatilleros pertenecientes a la banda Los Tequileros, que supuestamente ya había sido desarticulada, entraron al palacio municipal en donde mataron al presidente municipal perredista Conrado Mendoza y a 19 personas más, la mayoría de ellos funcionarios.

Estos 21 asesinatos se suman a los 17 466 que se contabilizaron de enero a agosto pasado y a los que se perpetraron durante septiembre y lo que va de octubre. Como ocurre demasiado a menudo, seguramente quedarán impunes y tampoco sabremos cuál fue el motivo que los causó.

¿Cuántos asesinatos se cometerán en las elecciones de 2023 y 2024? Fueron 152 en las de 2018 y 102 en las de 2021.

¿Cuántos de ellos serán por razones meramente políticas y cuántos por el contubernio de políticos con criminales?

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