Desde 1821 a la fecha, un buen número de políticos de carrera, funcionarios de niveles medios y altos, líderes sindicales, oficiales de mediana y alta graduación dentro de nuestras fuerzas armadas, policías de todos los niveles, clérigos de alta jerarquía de la iglesia católica y empresarios ultramillonarios han promovido o solapado la corrupción que amenaza con desestabilizar política, económica y socialmente al país.
Los estudios realizados por diferentes organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, coinciden en señalar los altos niveles de corrupción que existen en México sin que aparentemente nadie esté haciendo esfuerzos serios y sinceros para disminuirlos.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 realizado por Transparencia Internacional (www.transparency.org), nuestro país aparece en la posición 95 de entre 168 naciones, con una calificación de 35, en donde 100 es la más alta y cero la más baja. En lo que va del presente sexenio y en el pasado poco se hizo para combatir los actos de corrupción, ya que la calificación que México obtuvo en el último año del gobierno del panista Felpe Calderón fue de 34, repitiéndose la misma calificación en 2013, la cual mejoró en una unidad, a 35, en 2014, para mantenerse en ese nivel en 2015. En 2015 nuestro país compartió el nada honroso lugar 95 con Armenia, Mali y Filipinas.
En el sitio www.business-anti-corruption.
“La corrupción es un riesgo significativo para las empresas que operan en México. El soborno está muy extendido en la judicatura y la policía del país, y los procesos de registro de negocios, incluyendo la obtención de permisos de construcción y licencias, están influenciados negativamente por la corrupción. El crimen organizado sigue siendo un factor muy problemático para las empresas, imponiendo grandes costos a las empresas. La colusión entre la policía, los jueces y los grupos delictivos es amplia, lo que lleva a la delincuencia generalizada, el robo, la impunidad y la aplicación de la ley débil… Los intentos de soborno, extorsión, abuso de cargos, soborno de funcionarios públicos extranjeros y facilitación están penalizados por el Código Penal Federal (Código Penal Federal). Sin embargo, las leyes anticorrupción de México casi nunca se aplican, y los funcionarios públicos rara vez son considerados responsables de actos ilegales”.
Se ha informado ampliamente durante las últimas semanas que exgobernadores de Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Durango y Chihuahua presuntamente cometieron graves delitos que los enriquecieron. Las procuradurías que hayan presentado o vayan a presentar las denuncias correspondientes deberán probarlo. Por el momento, aunque uno de ellos esté prófugo, debemos presumir que son inocentes mientras un juez no determine su culpabilidad.
Curiosamente, todos estos ex gobernantes cometieron un delito político imperdonable: fueron incapaces de que sus respectivos sucesores pertenecieran a su mismo partido político. Quién sabe si hubieran sido acusados de lavar dinero, evadir impuestos y otras lindezas si los resultados electorales hubieran sido otros.
Para millones mexicanos, yo incluido, es inexplicable la fortuna que aparentemente poseen la mayoría de los que han sido presidentes y gobernadores, miembros de gabinetes federales y locales, presidentes municipales, legisladores federales y estatales, funcionarios de niveles medios y altos, militares de alta graduación, entre otros servidores públicos.
El país ha sido y es gobernado por muchos corruptos que protegen a las corruptos que los antecedieron y se preocupan en heredar sus cargos a otros corruptos que les protejan las espaldas cuando pierdan su poder. Vemos legisladores que solapan a los titulares de los poderes ejecutivos y regidores que ignoran las trapacerías de sus presidentes municipales porque están ocupados en cometer sus propias fechorías.
Las comisiones o moches se cobran a diestra y siniestra dentro de los tres poderes y tres niveles de gobierno y, fuera de perseguir a algunos que erraron políticamente, no pasa gran cosa.
Qué tan grave estará la situación que hasta diversos organismos internacionales advierten que la de por sí delicada situación económica nacional empeorará si la corrupción no es combatida y la impunidad eliminada.
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