Convención ignorada

El nuestro es un país signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), adoptada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela y en vigor desde el 3...

15 de diciembre, 2014

El nuestro es un país signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), adoptada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela y en vigor desde el 3 de junio de 1997. Este instrumento fue firmado a la ligera por los representantes de la mayoría de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que en ellos la corrupción sigue siendo un grave problema que afecta seriamente su desarrollo económico. En México ha llegado a niveles intolerables.

Mucho de lo que debería hacerse para combatir la corrupción está señalado en la CICC que durante 14 años han ignorado nuestros funcionarios. Por ejemplo:

“Los propósitos de la presente Convención son: 1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

“A los propósitos de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.  Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.  Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública; 2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta; 3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades; 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda; 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas; 6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción… 8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. 9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas; 10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción; 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción; 12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público”.

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Vaya que enfrentamos problemas: pandemia de COVID-19 que aún no termina y que ha matado a aproximadamente 744 000 mexicanos, altas tasas de criminalidad, feminicidios al alza, asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, impunidad criminal superior al 90%, inflación elevada, carestía de muchos productos, empobrecimiento de la mayoría de las personas, crecimiento del sector informal, probable estanflación, polarización de la sociedad, confrontación y cerrazón de los actores políticos incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, sistemas fallidos de salud, educación, seguridad y procuración de justicia, entre otros.

Algunos de estos problemas son derivados de la pandemia, otros los heredó el actual gobierno de sus antecesores y varios son resultado de las actitudes y decisiones de los morenistas en el poder encabezados por Andrés Manuel.

Lo peor del caso es que, excepto la pandemia, es probable que estos problemas no se solucionarán en el corto plazo.

En lo que al COVID-19 se refiere, el director del Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria (Institute for Health Metrics and Evaluation -IHME) de la Universidad de Washington en Seattle, Christopher J. L. Murray, escribió el 19 de enero pasado en la revista médica británica The Lancet que “El COVID-19 se convertirá en otra enfermedad recurrente que deberán gestionar los sistemas de salud y las sociedades (…) en la mayoría de los países el número de muertes por ómicron parece ser similar al nivel de una mala temporada de influenza en los países del hemisferio norte (…) Después de la ola de omicrones, volverá el COVID-19 pero no la pandemia”.

Esperemos que Murray tenga razón.

En lo que a las tasas de criminalidad se refiere, éstas siguen siendo sumamente altas a pesar de los logros y avances que indican los datos oficiales. La tasa de homicidios dolosos (homicidios por cada 100 000 habitantes) llegó a 25.8 en 2021, poco más de 2.5 veces lo que para la Organización Mundial de la Salud es una epidemia de asesinatos. Es probable que este año descienda, tal vez a 25.0, que es una cifra aún muy alta.

La tasa de feminicidios fue de 1.54 en 2021, una de las más altas del mundo, y es probable que este año también baje ligeramente pero aún se mantenga en un nivel inaceptable.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) de las Naciones Unidas emitió ayer su reporte Estado del Clima Global que no contiene buenas noticias.

De acuerdo con la WMO, cuatro indicadores clave del cambio climático establecieron nuevos máximos históricos en 2021: las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, el calor y la acidificación del océano establecieron nuevos récords el año pasado y “Los efectos combinados de los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y las crisis económicas, exacerbados aún más por la pandemia de COVID-19, socavaron décadas de progreso hacia la mejora de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Los peligros hidrometeorológicos continuaron contribuyendo al desplazamiento de millones de personas”.

Aceptémoslo: los problemas no van a solucionarse pronto sino en años y hasta décadas. No les creamos a quienes nos digan lo contrario.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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“La guerra en Ucrania ha causado importantes interrupciones en el suministro y ha llevado a precios históricamente más altos para una serie de productos básicos. Para la mayoría de los productos básicos, se espera que los precios sean significativamente más altos en 2022 que en 2021 y que se mantengan altos a mediano plazo. Se proyecta que el precio del petróleo crudo Brent alcance un promedio de $100/bbl en 2022, un aumento del 42% desde 2021 y su nivel más alto desde 2013. Se espera que los precios no energéticos aumenten alrededor de un 20% en 2022, con los mayores aumentos en las materias primas donde Rusia o Ucrania son exportadores clave. Se pronostica que los precios del trigo, en particular, aumentarán más del 40% este año, alcanzando un máximo histórico en términos nominales (…) se espera que los precios alcancen su punto máximo en 2022, se mantendrán mucho más altos de lo previsto anteriormente. Las perspectivas de los mercados de materias primas dependen en gran medida de la duración de la guerra en Ucrania y de la gravedad de las interrupciones en los flujos de materias primas, con un riesgo clave de que los precios de las materias primas sean más altos durante más tiempo (…) los aumentos previos del precio del petróleo llevaron a la aparición de nuevas fuentes de suministro y una reducción de la demanda a través de mejoras en la eficiencia y la sustitución de otros productos básicos. En el caso de alzas en los precios de los alimentos, se empezaron a utilizar tierras adicionales para la producción. Para los formuladores de políticas, una prioridad a corto plazo es brindar apoyo específico a los hogares más pobres que enfrentan precios más altos de alimentos y energía. A más largo plazo, pueden fomentar mejoras en la eficiencia energética, facilitar la inversión en nuevas fuentes de energía sin emisiones de carbono y promover una producción de alimentos más eficiente. Recientemente, sin embargo, las respuestas políticas han tendido a favorecer las restricciones comerciales, los controles de precios y los subsidios, que probablemente exacerben la escasez”.

Esto es lo que dice el Resumen Ejecutivo del reporte Commodity Markets Outlook, April 2022 : The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, elaborado por el Banco Mundial y difundido la semana pasada.

La última frase del Resumen Ejecutivo – las restricciones comerciales, los controles de precios y los subsidios, que probablemente exacerben la escasez - define lo que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: subsidiar o topar los precios de la electricidad, el gas y las gasolinas para que los consumidores intermedios o finales de los mismos no sientan el golpe inflacionario en toda su magnitud.

Este año el subsidio para las tarifas eléctricas será de 73 000 millones de pesos como mínimo, el de las gasolinas será de 400,000 millones de pesos, y los precios máximos del gas LP están topados por la Comisión Reguladora de Energía.

AMLO anunciará hoy su plan para combatir la inflación. Si este tiende "a favorecer las restricciones comerciales, los controles de precios y los subsidios", muy probablemente habrá escasez de muchos productos, lo cual en vez de ayudar a las personas, las perjudicará.

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