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Con el “terrorismo” como pretexto, Trump aumenta la presión

Las últimas medidas de EEUU contra México parecen más un instrumento de presión política que simples acciones de seguridad. El lunes pasado, el Departamento de Estado actualizó su advertencia de viaje para México: mantuvo al país en...

14 de agosto, 2025

Eduardo Ruiz-Healy

Las últimas medidas de EEUU contra México parecen más un instrumento de presión política que simples acciones de seguridad.

El lunes pasado, el Departamento de Estado actualizó su advertencia de viaje para México: mantuvo al país en nivel 2 (ejercer mayor precaución), pero seis estados quedaron en nivel 4 (no viajar): Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Añadió una advertencia de terrorismo que hasta hace poco no se asociaba con nuestro país.

EEUU refuerza así la tendencia a tratar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). No obstante, según la ONU, académicos y la ley mexicana, el terrorismo implica fines políticos, ideológicos o religiosos y no como la mayoría de los actos de los cárteles, que tiene fines económicos: proteger rutas, controlar territorios, eliminar rivales o disuadir autoridades.

Existen excepciones: el ataque con granadas en Morelia en 2008, el uso de explosivos improvisados contra fuerzas de seguridad o asesinatos de candidatos para influir en elecciones. En esos casos sí hay intención de intimidar a la población o alterar decisiones de gobierno. No obstante, la violencia cotidiana responde a una lógica criminal.

En cambio, EEUU clasifica como terrorismo cualquier acto violento cometido por una FTO, sin importar su motivación. Así, un ataque de un cártel contra un convoy rival, que en México sería homicidio y delincuencia organizada, EEUU lo considera terrorismo.

Ayer, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 13 empresas ligadas al CJNG por fraudes inmobiliarios de tiempo compartido en Puerto Vallarta, calificándolos como terrorismo financiero y actuando junto al FBI, la DEA y la UIF de México. Las sanciones congelan activos en EEUU y prohíben a sus ciudadanos y empresas realizar transacciones con los sancionados.

Mientras tanto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra avances internos. En la mañanera del lunes pasado, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reportó una reducción del 25% en homicidios diarios, cierre de laboratorios clandestinos, decomiso de miles de armas y toneladas de droga. Ese mismo día, México extraditó a 26 presuntos criminales más a EEUU, sumando 55 en lo que va del año, un indicador de cooperación judicial que contradice la narrativa de Donald Trump.

Más que coincidencia, estas acciones combinadas —alertas, sanciones, acusaciones y extradiciones— muestran cómo seguridad, crimen y corrupción se entrelazan en una estrategia diplomática con fines políticos claros y dirigidos desde la Casa Blanca. Entre ellos destacan: justificar acciones unilaterales contra cárteles mediante su catalogación como “terrorismo”, lo que crea el marco para intervenir militarmente o lanzar operaciones encubiertas en México bajo el argumento de defensa propia; capitalizar políticamente en EEUU con una retórica de mano dura que moviliza a su base electoral y desvía la atención del escándalo Epstein y de problemas internos y; presionar a México mediante concesiones en migración, control fronterizo y comercio, incluso dentro del T-MEC.

Hasta ahora, Claudia Sheinbaum no se ha dejado intimidar: ha mantenido su estrategia y sus prioridades, dejando claro que la política interior de México no se define en EEUU.

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