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Caso Teuchitlán: Gertz Manero no puede fallar

21 de marzo, 2025

El caso Teuchitlán es otra muestra de la negligencia institucional que siempre ha habido en México. Lo que debió ser una investigación rigurosa nunca se realizó. Seis meses después, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer el caso tras detectar omisiones graves por parte de la Fiscalía de Jalisco (FJ), que no hizo nada después de que en septiembre del año pasado, en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, la Guardia Nacional arrestó a 10 personas y encontró restos óseos, 10 coches, ropa y zapatos. A pesar de la magnitud del hallazgo, la FJ no realizó una investigación y dejó el sitio sin protección. Como resultado, tres de los 10 vehículos fueron robados, la ropa y el calzado no fueron catalogados y, aparentemente, el rancho no fue inspeccionado como se debía.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dijo ayer que la FJ no resguardó evidencias, no procesó vehículos, no analizó huellas dactilares y que aún no tiene dictámenes sobre los restos óseos.

El abandono del rancho no habría salido a la luz sin el trabajo de Guerreros Buscadores, que el 5 de marzo pasado, tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la posible presencia de restos humanos en el lugar, decidió visitarlo para encontrar indicios que pudieran esclarecer el destino de sus seres desaparecidos. Ahí descubrieron los cientos de prendas de vestir, zapatos y restos óseos que la FJ a cargo de Salvador González de los Santos dejó en el abandono. También zanjas que, según ellos, eran crematorios.

Gertz anunció que la FGR enfocará su análisis en dos puntos clave: Determinar si las zanjas fueron usadas como crematorios y examinar la ropa encontrada, presuntamente ligada a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También confirmó que algunos detenidos en otros estados están vinculados al rancho.

Aún no se sabe si el lugar era un centro de reclutamiento y/o adiestramiento o de exterminio del CJNG, pero sí es evidente que la FJ falló en su deber. Su titular, González de los Santos, tiene mucho que explicar. ¿Por qué no atendió este caso importante? ¿Por qué no se aseguraron las pruebas? ¿Por qué el sitio quedó expuesto? ¿Por qué, tras seis meses, no hay respuestas claras?

Si la FGR detecta negligencia o colusión con la delincuencia organizada, ¿qué consecuencias habrá para González de los Santos y su equipo? ¿O el caso terminará enterrado como tantos otros?

Mientras se resuelve, el caso ya se convirtió en un circo mediático. La oposición lo usa para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum, culpándola por algo que es responsabilidad del gobierno de Jalisco. Más que justicia, buscan desgastarla políticamente.

La realidad es que en México la negligencia institucional rara vez se castiga. Mientras un policía municipal puede acabar preso por corrupción, un fiscal, ministerio público o juez que deja que las pruebas desaparezcan nunca rinde cuentas.

El problema no es solo el crimen. Es la impunidad que lo protege.

Por el momento, el expediente sigue abierto y las víctimas y todo México seguimos esperando respuestas que, si la historia se repite, podrían nunca llegar. Ahora todo depende de Gertz Manero, quien tiene la obligación de evitar que este caso termine enterrado en la impunidad.

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