Hace casi tres años, Elizabeth Deheza y Jorge Mora, entonces investigadores del think tank británico Royal United Services Institute (RUSI), presentaron su reporte Climate Change, Migration, and Security (Cambio Climático, Migración y Seguridad) en el Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center) de la ciudad de Washington.
Entre lo más relevante del reporte destaca lo siguiente:
Para el año 2100 la temperatura de nuestro país habrá aumentado cuatro grados Celsius y los cambios en los patrones de las precipitaciones pluviales causaran sequías en el norte e inundaciones en el sur.
Cada año, 1,046 kilómetros cuadrados sucumben ante el proceso de desertificación y por ello 80,000 agricultores mexicanos se ven forzados a emigrar de sus localidades.
El número de mexicanos que se se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria aumentó de 18 millones en 2008 a 20 millones en 2010.
Los expertos internacionales en temas de seguridad temen que “los movimientos de cientos de millones de personas podrían agravar las tensiones regionales”. Algunos ejemplos de que esto está ocurriendo: En 2012, el conflicto entre la etnia Bodo y presuntos inmigrantes musulmanes de Bangladesh en el estado indio de Assam envió a 300,000 personas a los campos de refugiados y causó pánico en todo el país. En Kenia, en el verano de 2012, la tensión entre las comunidades agrícolas de Pokomo y los nómadas Orma causó más de 100 muertes cuando aumentaron las incursiones para obtener mayor acceso al agua y a la tierra.
El cambio climático, el crecimiento demográfico y la escasez de recursos están impulsando un corredor de migración a Europa que está llevando con ella el crimen organizado y otros riesgos a la seguridad.
Deheza y Mora enfatizaron que el apoyo del gobierno mexicano fue crucial para que el estudio se realizara exitosamente. Dijeron, además, que el gobierno mexicano fue receptivo a las discusiones en torno al cambio climático y sus repercusiones. Más aún, la preocupación de las autoridades mexicanas en torno al tema del cambio climático se ha traducido en una ley, la Ley General de Cambio Climático, que tiene como objeto:
“I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
“II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;
“III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;
“IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;
“V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;
“VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y
“VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono”.
El reporte Climate Change, Migration, and Security puede verse en www.wilsoncenter.org/sites/
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