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Bando 1: sin vivienda nueva, seguirá la gentrificación

18 de julio, 2025

Con el lanzamiento del Bando 1 contra la gentrificación, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó una de las propuestas urbanas más ambiciosas de los últimos años: frenar el desplazamiento de habitantes por el encarecimiento del suelo en zonas centrales. La estrategia incluye limitar el aumento de rentas al índice inflacionario, crear un índice de precios de alquiler, regular plataformas como Airbnb, establecer una Defensoría de Inquilinos, construir vivienda pública en zonas altamente demandadas y realizar intervenciones específicas para preservar el tejido social y comercial de las colonias afectadas. Se inspira en experiencias de otras ciudades, como Berlín, donde el control de rentas fue anulado en 2021 por inconstitucional, o Barcelona, donde limitar Airbnb redujo oferta sin bajar precios.

Además, la iniciativa enfrenta una contradicción política: mientras el gobierno señala a ciertos actores por fomentar la gentrificación, morenistas distinguidos han incurrido en prácticas inmobiliarias que contradicen el discurso. El caso más notorio es el de las hermanas Luisa María y Bertha Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena y fiscal general de Justicia de la CDMX, respectivamente, que compraron en 2016 una casa de dos niveles en la Colonia Roma Sur por 4.2 millones de pesos y luego, después de demolerla, construyeron entre 2019 y 2020 un edificio de cuatro pisos con un piso más que el permitido.

En la CDMX, la gentrificación se ha extendido desde las colonias Condesa, Roma y Juárez hacia otras como Escandón, Tacubaya, Santa María la Ribera, Doctores y San Rafael, con aumentos de hasta 30 % en dos años, según medios y reportes del sector inmobiliario. El proceso también afecta a Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Mazatlán y otras ciudades, donde el turismo, el trabajo remoto y la especulación han elevado los precios y desplazado a residentes.

El Bando 1 no menciona que una de las causas del problema es la excesiva burocracia que frena la construcción formal. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), obtener un permiso de construcción puede tardar hasta 24 meses debido a trámites complejos, reglas opacas y competencias fragmentadas. Esto inhibe a desarrolladores, fomenta la corrupción y reduce la oferta legal en renta o venta. Todo esto contribuye a la especulación.

Ante los riesgos reales o percibidos para la propiedad privada, algunos propietarios podrían ver los topes de renta como una intromisión, lo que llevaría a litigios, ocultamiento de contratos o retiro de inmuebles del mercado. Estudios de MIT y Stanford han mostrado que, a largo plazo, el control de rentas reduce la oferta disponible y desincentiva nuevas inversiones.

En resumen: el Bando 1 reconoce el problema, promueve vivienda pública e incluye participación social. Pero también ignora causas, contradicciones internas, debilidad institucional y crea un marco jurídico incierto que podría desincentivar la inversión. Fracasará si no se aplica con transparencia, sin privilegios y con reglas que no castiguen al que invierte o alquila legalmente. Sin nueva oferta de vivienda, con trámites lentos que promueven la corrupción y con leyes que unos cumplen y otros no, el problema seguirá.

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