Ayer en Washington, Miami y CDMX

Al escribir esta columna no había concluido aún la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y faltaba por efectuarse la cena en...

9 de julio, 2020

Al escribir esta columna no había concluido aún la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y faltaba por efectuarse la cena en donde ambos presidentes estarían acompañados por funcionarios de sus gobiernos y 20 empresarios, 10 de ellos mexicanos y 10 estadounidenses.

A la cena asistirían, invitados por Donald Trump, el presidente y CEO de FedEx, Fred Smith; el presidente ejecutivo de UPS, David Abney; el CEO de Intel, Bob Swan; y el CEO de Lockheed Martin, James Taiclet. También altos ejecutivos de Sempra, Shell, Ford, Nuco y otros.

Por su parte, AMLO invitó a Patricia Armendáriz de Financiera Sustentable; Carlos Bremer de Grupo Financiero Value; Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta;  Bernardo Gómez de Grupo Televisa; Francisco González de Grupo Multimedios; Carlos Hank González de Grupo Financiero Banorte; Miguel Rincón Arredondo de Bio Pappel; Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas; Marcos Shabot Zonana de Arquitectura y Construcción; Carlos Slim de Grupo Carso; y Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles.

Hoy, mañana y en los días por venir, sabremos más de lo que se habló entre AMLO y Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca y de lo que platicaron ambos con los magnates que los acompañaron en la cena. Podremos así dilucidar si la visita se traducirá en reales beneficios para nuestro país o solo para unos cuantos y, más importante aún, para los millones de mexicanos que hoy viven amenazados de ser deportados por el hombre que se expresó tan amablemente de nuestro presidente, a quien llamó su amigo, palabra que en su boca no tiene ningún significado real y duradero.

Y mientras el presidente estaba en la capital estadounidense, se anunció que en Miami, en el estado en donde para pagar menos impuestos fijó hace algunos meses su residencia oficial el neoyorquino Trump, fue capturado el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, quien estaba prófugo desde octubre de 2016.

Ahora deberá solicitarse su extradición a México para que enfrente 11 denuncias en su contra, siendo las más serias las que lo acusan de robarse varios miles de millones de pesos del erario y desviar 250 millones al PRI.




El inminente regreso a México del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, y del recién arrestado Duarte deben preocupar al expresidente Enrique Peña Nieto y a varios de sus más cercanos colaboradores porque ambos cometieron sus supuestas transas durante el pasado sexenio y se dice, se comenta y se rumora que parte de lo que supuestamente se robaron acabó en los bolsillos de Peña y otros distinguidos miembros de su administración.

También ayer, mientras que el presidente López Obrador intentaba convencer a Trump y a los empresarios estadounidenses de que su gobierno les da la bienvenida a los inversionistas de todo el mundo, dos diputadas morenistas del Congreso de la CDMX, Martha Ávila y Valentina Batres, presentaron una iniciativa para modificar el Código Civil que, de aprobarse, dejaría indefensos a los propietarios de casas y departamentos en renta, sujetos a los caprichos y arbitrios de sus inquilinos. Es de esperarse que de Palacio Nacional se le ponga un alto a esa iniciativa tan absurda, estúpida y socializante.

Twitter: @ruizhealy

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. De ser lo tercero, no solo están fallándole al pueblo y procediendo en contra de la Constitución, sino que participan en una campaña orquestada por la Presidencia con el fin de desprestigiar aún más al Poder Judicial de la Federación al darle a AMLO motivos para oponerse públicamente a las resoluciones de los juzgadores, para acusar a estos de ser corruptos por oponerse a reformas legales diseñadas para beneficiar al pueblo y acotar los fueros de los poderosos, y para afirmar que sus poderosos adversarios utilizan a los tribunales para colocar a las leyes por encima de la justicia. No es casualidad que la mayoría de los principales constitucionalistas del país, tanto académicos como postulantes, se manifiesten constantemente en contra de algunas de las reformas legales que aprueba la mayoría morenista en el Congreso. 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