Ante la nueva realidad, AMLO debe dejar de ser triunfalista

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27 de marzo, 2020

Así lo anunció ayer la calificadora de valores S&P Global Ratings: “S&P Global Ratings baja calificación soberana de México en moneda extranjera a ‘BBB’ y en moneda local a ‘BBB+” por impacto en tendencia de crecimiento; la perspectiva es negativa”

Las razones para bajar las calificaciones fueron, entre otras:

“Prevemos un impacto pronunciado sobre la economía mexicana derivado de la combinación de shocks del COVID-19 -en México y Estados Unidos, su principal socio comercial- y de la caída de los precios internacionales del petróleo.

“Estos shocks, aunque temporales, empeorarán la ya débil dinámica de la tendencia de crecimiento para 2020-203, que refleja, en parte, menor confianza del sector privado y el poco dinamismo de la inversión.

“La perspectiva es negativa, lo que indica los riesgos de otra baja de calificación durante los siguientes 12 a 24 meses, como resultado de una ejecución de políticas irregular o no efectiva; el potencial debilitamiento de las finanzas públicas, debido al difícil balance entre sostener el crecimiento del PIB dada la baja base tributaria no petrolera del país y la rigidez en el gasto, y la creciente presión sobre Pemex, un potencial pasivo contingente para el soberano”.

Así de claro.




La nueva calificación de la deuda en moneda extranjera debería preocupar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque, a pesar de que lleva meses diciendo que la economía esta fuerte y las finanzas públicas son sanas, los inversionistas tienden a creerle más a las calificadoras S&P, Moody’s y Fitch que a los gobernantes que siempre pintan idealmente la realidad, aunque ésta diste de serlo.

Las últimas semanas han sido difíciles para el gobierno de la 4T porque ha tenido que enfrentarse a una realidad para el cual no estaba mínimamente preparado. De por sí la economía andaba mal debido “una ejecución de políticas irregular o no efectiva” que llevó al país a una recesión y la situación empeoró por varios factores que están fuera del control de AMLO: el menor dinamismo de la economía mundial debido a la guerra tarifaria que el populista gringo le declaró a China, el derrumbe de los precios internacionales del petróleo ocasionado por Rusia y Arabia Saudita, y la pandemia de COVID-19 causada por un virus de nueva aparición.

Ante la nueva realidad, el presidente debe cambiar su actitud triunfalista y de “no pasa nada”. Ya no puede seguir presumiendo una economía que se está deshaciendo, ni basar el desarrollo del país en el petróleo ni pretender que el coronavirus la va a hacer a México lo que el viento a Juárez.

En lo de la pandemia que aún no golpea a nuestro país con toda su brutalidad se refiere, aparentemente ni AMLO ni su geniecito Hugo López-Gatell han sido capaces de convencer a los mexicanos de que “no pasa nada”.

Une encuesta realizada por AZ2 indica que el 74% de la población está preocupado por el COVID-190 y que 11% francamente siente miedo. Eso significa que 85 de cada 100 personas no le tiene confianza a AMLO y a a su científico predilecto.

La misma encuesta señala que 60% de las personas no creen que la sociedad mexicana está preparada para enfrentar la pandemia y el 61.5% opina que los hospitales públicos están poco o nada preparados.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. De ser lo tercero, no solo están fallándole al pueblo y procediendo en contra de la Constitución, sino que participan en una campaña orquestada por la Presidencia con el fin de desprestigiar aún más al Poder Judicial de la Federación al darle a AMLO motivos para oponerse públicamente a las resoluciones de los juzgadores, para acusar a estos de ser corruptos por oponerse a reformas legales diseñadas para beneficiar al pueblo y acotar los fueros de los poderosos, y para afirmar que sus poderosos adversarios utilizan a los tribunales para colocar a las leyes por encima de la justicia. No es casualidad que la mayoría de los principales constitucionalistas del país, tanto académicos como postulantes, se manifiesten constantemente en contra de algunas de las reformas legales que aprueba la mayoría morenista en el Congreso. 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