Anonimato equivale a más impunidad

Mientras más conocido es un servidor público es menos probable que pueda evadir el responder por los delitos que cometa. Lo anterior es cierto, por lo menos en teoría, porque en nuestro país abundan los casos de...

15 de julio, 2014

Mientras más conocido es un servidor público es menos probable que pueda evadir el responder  por los delitos que cometa. Lo anterior es cierto, por lo menos en teoría, porque en nuestro país  abundan los casos de políticos encumbrados que viven tranquilos y felices gozando de sus riquezas mal habidas, sabiendo que ninguna autoridad procederá en su contra a pesar de la  evidencia que existe para probar sus fechorías.

En diversos medios se ha escrito y comentado sobre muchos hombres y mujeres que se han  enriquecido en los diversos puestos públicos que han ocupado. Personas deshonestas que  aprovecharon el poder de su cargo para incrementar el poder de su firma.

Lamentablemente, son pocos los casos de servidores públicos corruptos que han pasado años dentro de la celda de alguna prisión después de que un tribunal los declarara culpables de cometer diversos delitos. Lo peor es que, cuando este ha sido el caso, la persecución judicial del personaje aparentemente ha obedecido más a razones políticas que a las que tienen que ver con la impartición de la justicia.

Ahora bien, si la impunidad ha sido la norma en aquellos casos en donde han estado involucrados personajes bastante conocidos, como ex presidentes o ex gobernadores, no hay que ser un genio para imaginar el grado de impunidad con que cometen sus fechorías funcionarios de menor jerarquía, como los que trabajan en los gobiernos estatales o municipales, o pertenecen al poder judicial federal o el de alguna entidad de la Federación.

Durante las semanas en que duró el Mundial pocos se enteraron de cómo va el asunto de dos magistrados suspendidos por supuestamente emitir sentencias mal fundadas o realizar operaciones bancarias irregulares.

Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue hasta hace dos años el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el Distrito Federal. En mayo de 2012 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encontró “presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución” de algunas tocas penales y juicios de amparo.

La investigación de la CFJ encontró que Luna Altamirano es probable responsable de no decir toda la verdad es sus declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012 en vista de que “se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los 2,705,852 pesos, y se observaron movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de 8,469,131 pesos”.

Hasta ahora Luna Altamirano está desaparecido y las autoridades desconocen su paradero. Ayer por fin fue denunciado por el CJF ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Jorge Figueroa Cacho fue titular del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en Jalisco, y también en 2012 fue analizado su comportamiento por el CJF. En este caso se detectó que depositó en su cuenta bancaria seis cheques por diversas cantidades que suman 2,647,902 pesos provenientes una empresa dedicadas a la venta y compra de oro. Ese dinero después fue retirado de la cuenta mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos. Ayer fue suspendido de su cargo y denunciado ante la PGR.

Luna Altamirano, Castro Figueroa. Nombres que nada significan para la mayoría de nosotros pero que aparentemente lucraron desde sus cargos públicos. ¿Cuántos como ellos están realizando negocios aprovechándose del poder que les hemos dado sin que nadie se de cuenta, aprovechándose de su anonimato?

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Ayer, Abbott emitió su Orden Ejecutiva No. GA-42 relativa a la designación de cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Se refirió específicamente a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y “cualquier cártel mexicano de la droga en situación similar que pueda ser identificado en proclamaciones posteriores”. Estas son algunas de las razones que el gobernador anota para justificar su orden: Los cárteles son responsables del tráfico de cientos de millones de dosis letales de fentanilo en TX y Estados Unidos; Más de 1600 texanos murieron por consumir fentanilo en 2021, un aumento de más del 680% desde 2018; el número de muertos sigue aumentando; Los cárteles también trafican a seres humanos a través de la frontera entre TX y México y los someten a agresiones sexuales, trata de personas, agresiones, extorsión y otros actos deshumanizantes, violentos y atroces; La oleada de personas que entran ilegalmente a TX plantea una amenaza continua e inminente de desastre para varios condados; Miles de hombres y mujeres de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública de TX han sido desplegados para asegurar la frontera, y desde marzo de 2021 han incautado más de 336 millones de dosis letales de fentanilo; El presidente Joe Biden ha declarado una emergencia nacional debido al ‘tráfico hacia los EEUU de drogas ilícitas”, pero aún no ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas; Designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras permitirá mejorar la aprehensión y enjuiciamiento de sus integrantes y la interrupción de sus actividades. En su orden ejecutiva, el gobernador le da siete órdenes al Departamento de Seguridad Pública de TX con el fin de investigar, combatir y desmantelar con más efectividad a los cárteles. La orden de Abbott no contiene nada nuevo y es evidente que solo busca posicionarlo favorablemente ante la opinión pública como un acérrimo enemigo de los narcotraficantes mexicanos que se ve obligado a combatir debido a la supuesta debilidad del gobierno de Biden para actuar contra ellos. En las elecciones del 2 de noviembre entrante Abbott buscará reelegirse por tercera ocasión. La encuesta más reciente realizada por The Dallas Morning News y la Universidad de TX en Tyler, le da una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre su rival demócrata Beto O’Rourke (47% vs 38%). También busca fortalecer la imagen de su Partido Republicano para que los candidatos a congresistas federales de dicho partido ganen en la mayoría de los 36 distritos electorales que hay en TX. La orden ejecutiva de Abbott, que pertenece a la extrema derecha, no servirá de nada porque solo busca desprestigiar al gobierno de Biden, al Partido Demócrata y sus candidatos y exacerbar más el sentimiento antimexicano de muchos texanos. Pura politiquería. Al final del día, el fentanilo seguirá entrando a TX y al resto de EEUU y matando a cada vez más personas. 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