Anonimato equivale a más impunidad

15 de julio, 2014

Eduardo Ruiz-Healy

Mientras más conocido es un servidor público es menos probable que pueda evadir el responder por los delitos que cometa. Lo anterior es cierto, por lo menos en teoría, porque en nuestro país abundan los casos de políticos encumbrados que viven tranquilos y felices gozando de sus riquezas mal habidas, sabiendo que ninguna autoridad procederá en su contra a pesar de la evidencia que existe para probar sus fechorías.

En diversos medios se ha escrito y comentado sobre muchos hombres y mujeres que se han enriquecido en los diversos puestos públicos que han ocupado. Personas deshonestas que aprovecharon el poder de su cargo para incrementar el poder de su firma.

Lamentablemente, son pocos los casos de servidores públicos corruptos que han pasado años dentro de la celda de alguna prisión después de que un tribunal los declarara culpables de cometer diversos delitos. Lo peor es que, cuando este ha sido el caso, la persecución judicial del personaje aparentemente ha obedecido más a razones políticas que a las que tienen que ver con la impartición de la justicia.

Ahora bien, si la impunidad ha sido la norma en aquellos casos en donde han estado involucrados personajes bastante conocidos, como ex presidentes o ex gobernadores, no hay que ser un genio para imaginar el grado de impunidad con que cometen sus fechorías funcionarios de menor jerarquía, como los que trabajan en los gobiernos estatales o municipales, o pertenecen al poder judicial federal o el de alguna entidad de la Federación.

Durante las semanas en que duró el Mundial pocos se enteraron de cómo va el asunto de dos magistrados suspendidos por supuestamente emitir sentencias mal fundadas o realizar operaciones bancarias irregulares.

Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue hasta hace dos años el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el Distrito Federal. En mayo de 2012 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encontró “presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución” de algunas tocas penales y juicios de amparo.

La investigación de la CFJ encontró que Luna Altamirano es probable responsable de no decir toda la verdad es sus declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012 en vista de que “se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los 2,705,852 pesos, y se observaron movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de 8,469,131 pesos”.

Hasta ahora Luna Altamirano está desaparecido y las autoridades desconocen su paradero. Ayer por fin fue denunciado por el CJF ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Jorge Figueroa Cacho fue titular del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en Jalisco, y también en 2012 fue analizado su comportamiento por el CJF. En este caso se detectó que depositó en su cuenta bancaria seis cheques por diversas cantidades que suman 2,647,902 pesos provenientes una empresa dedicadas a la venta y compra de oro. Ese dinero después fue retirado de la cuenta mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos. Ayer fue suspendido de su cargo y denunciado ante la PGR.

Luna Altamirano, Castro Figueroa. Nombres que nada significan para la mayoría de nosotros pero que aparentemente lucraron desde sus cargos públicos. ¿Cuántos como ellos están realizando negocios aprovechándose del poder que les hemos dado sin que nadie se de cuenta, aprovechándose de su anonimato?

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