Anaya, Batres y Acosta Naranjo se pasan de vivos

El 5 de abril del año pasado, el entonces presidente nacional de Morena, Martí Batres...

3 de febrero, 2016

El 5 de abril del año pasado, el entonces presidente nacional de Morena, Martí Batres, dejó en la puerta de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) un listado de 1000 candidatos a diputados federales de ese partido, tanto propietarios como suplentes, para que fueran investigados con el fin de determinar si alguno de ellos estaba relacionado con la delincuencia organizada. Al respecto, Batres dijo que se hacía la solicitud “para estar seguros de que ninguno de nuestros candidatos se encuentra vinculado con el crimen y la mafia en el poder” y que su partido recurría a la PGR “no porque tengamos confianza en esta institución sino por ser la instancia que de acuerdo a la ley tiene las facultades para realizar investigaciones, intervenciones telefónicas, seguimientos, operaciones encubiertas”.

No era esa la primera vez que Batres buscaba responsabilizar a la PGR con este tipo de investigación. En diciembre de 2014 aseguró que “es equivocado plantear que la responsabilidad del blindaje corresponde principalmente a las fuerzas políticas si éstas no cuentan con elementos de investigación para relacionar hechos y conocer el historial criminal que pudieran tener diversas personas. Eso lo tiene la PGR”.

10 días después, el expresidente nacional interino del PRD y en aquel entonces delegado de su partido en Guerrero, Guadalupe Acosta Naranjo, imitando a Batres, le entregó a la procuradora general de la República, Arely Gómez, una lista en donde se anotaban los nombres de poco más de 200 perredistas que buscaban ganar un cargo de elección popular en las elecciones del 7 de junio de ese año, incluyendo a su candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica. Lo que quería el PRD es que la PGR investigara a cada una de esas personas para determinar si estaban o no involucrados en alguna actividad criminal. Categórico, sentenció: “si alguno de sus candidatos tiene responsabilidad o está involucrado en temas de delincuencia, después de la investigación, se tomarán las medidas pertinentes”.

Al respecto, la PGR le contestó ambos partidos que “no está dentro de sus atribuciones verificar los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular, ni algún otro requisito de elegibilidad estipulado en las leyes respectivas, debido a lo cual, las solicitudes recibidas de los diferentes partidos políticos se limitaron a ser atendidas”. La PGR también señaló que “la legislación federal establece la reserva de la información contenida en los expedientes, por lo cual la institución se encuentra impedida para proporcionar información relacionada con dichas indagatorias”. Finalmente, informó que “como lo establecen los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución, la atribución del Ministerio Público de la Federación es investigar y perseguir delitos del orden federal, previa denuncia o querella que se presente al respecto, en la que se narren los hechos que se consideren delictivos”, algo que ni Morena ni el PRD hicieron.

Curiosamente, ambos partidos decidieron solicitarle a la PGR que investigara a sus candidatos después del escándalo en que sus principales dirigentes se vieron involucrados después de apoyar la candidatura del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, hoy preso y acusado de pertenecer a la organización criminal que presuntamente secuestró y mató a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. E hicieron sus solicitudes meramente con fines propagandísticos en vista de que los dos sabían de antemano que la PGR no atendería sus absurdas exigencias.

Y ahora, para tratar de justificar que su partido haya postulado como diputada local de Sinaloa a Lucero Sánchez López, quien aparentemente es madre de un hijo del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, anuncia que le pedirá a la PGR que investigue a quienes sean sus candidatos en futuras elecciones, sabiendo muy bien que “no está dentro de sus atribuciones verificar los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular, ni algún otro requisito de elegibilidad estipulado en las leyes respectivas”.




Batres, Acosta Naranjo y Anaya han tratado de pasarse de vivos ante un público que está cansado de ver como sus respectivos partidos, con tal de ganar una elección, lanzan como candidatos a hombres y mujeres de  dudosa reputación o comprobada criminalidad. Realmente han de creer que la mayoría de los mexicanos somos estúpidos al creer que no tienen los recursos económicos necesarios para investigar a sus candidatos.

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enero 1, 1970

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