Analistas políticos de verdad y de mentiras promueven la gerontofobia

Desde el 1 de diciembre de 2018, hay quienes han insistido en que varios miembros del gabinete no durarían en sus respectivos cargos y que...

11 de febrero, 2020

Desde el 1 de diciembre de 2018, hay quienes han insistido en que varios miembros del gabinete no durarían en sus respectivos cargos y que pronto serían removidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunos columnistas políticos, conductores de programas de radio y televisión, y youtuberos aseguran con una frecuencia que resulta sospechosa, que son inminentes las renuncias de los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, y del Fiscal General de la República.

La más reciente de estas “renuncias” se difundió antier por las redes sociales. Se originó en el sitio denominado Nuevo México Plural, que así encabezó una supuesta exclusiva de un tal Gabriel Castillo: “Se va Gertz Manero de la FGR; llegaría Miguel Arroyo”.

Por WhatsApp recibí varias este artículo que asegura que Gertz Manero “renunció a su cargo y a partir del pasado sábado inició el protocolo de entrega del cargo que será a finales del mes en curso”.

De inmediato dudé de la veracidad de la información. En primer lugar, porque desconfío totalmente de sitios que no identifican a sus propietarios y directivos, como es el caso de Nuevo México Plural. En segundo, porque desde hace años me “vacuné” contra las exclusivas que difunden ciertas personas y medios.

Lo que sí es un hecho es que desde que Gertz fue nombrado Encargado de Despacho de la PGR por el presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, y luego designado Fiscal General de la República por el Senado, el 18 de enero de 2019, hay quienes han anunciado una y otra vez su “inminente renuncia” sin que hasta ahora se hayan cumplido sus vaticinios.




Caso similar es el de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Es indudable que estos tres funcionarios ocupan cargos que muchos codician y hacen todo lo posible para provocar sus despidos y quedarse en su lugar o colocar a alguien de su confianza en tan importantes posiciones.

También es evidente que las notas “exclusivas” sobre dichas renuncias por lo general menciona la supuesta precaria salud de la persona aludida. La del domingo aseguraba que se “ha agravado” la de Gertz.

Curiosamente, los funcionarios que se van se van y no se han ido, son tres de los cinco de mayor edad dentro del gabinete presidencial.

Jiménez Espriú tiene 82 años, Gertz Manero 80 y Sánchez Cordero 72. Tienen 74 años los secretarios de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y de Salud, Jorge Alcocer, a quienes también algunos analistas han “renunciado” por “problemas de salud”.

En los tres sexenios anteriores al actual, cuando los “analistas políticos” hablaban de alguna “inminente” renuncia, raramente mencionaban la edad o estado de salud del funcionario aludido y citaban otras razones para explicarla.

Quienes ahora justifican sus supuestas exclusivas mencionando la edad de los funcionarios, además de mostrar falta de imaginación, impulsan la gerontofobia, una forma de discriminación de la cual no se habla pero que se practica ampliamente en nuestro país. Estos “analistas políticos” de verdad y de mentiras tarde o temprano serán víctimas de la discriminación que hoy promueven, porque, con suerte, también llegarán a los 70 o más años.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

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Sitio: ruizhealytimes.com

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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