AMLO fracasó en su lucha contra la corrupción

La historia recordará al presidente Andrés Manuel López Obrador por uno de sus grandes fracasos. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República y diversas fiscalías estatales no han actuado después de recibir diversas denuncias sobre posibles...

26 de septiembre, 2022

La historia recordará al presidente Andrés Manuel López Obrador por uno de sus grandes fracasos.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República y diversas fiscalías estatales no han actuado después de recibir diversas denuncias sobre posibles casos de corrupción de funcionarios federales y estatales, de parientes del presidente, de gobernadores y legisladores federales y locales. 

La falta de una actuación contundente de las fiscalías permiten suponer que la corrupción seguirá siendo un grave problema para el país a pesar de que durante sus tres campañas presidenciales AMLO prometió eliminarla y que en sus discursos y conferencias de prensa le gusta presumir de que “ya no hay corrupción”.

Múltiples estudios, encuestas y análisis muestran que funcionarios federales , estatales y municipales siguen cometiendo actos de corrupción cotidianamente a lo largo y ancho del país.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado anualmente desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, corrobora lo que muchos sabemos: la corrupción es una realidad ineludible y tal vez imbatible en México. El IPC define la corrupción como “el uso indebido del poder público para beneficio privado” y clasifica a los países “por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público”, de acuerdo con los resultados obtenidos por diversas  encuestas de opinión y evaluaciones de expertos en la materia. 

En el IPC 2021, difundido en enero de 2022, que clasifica a 180 países en una escala de 0 (totalmente corrupto) a 100 (totalmente limpio), México con 31 puntos, ocupa el lugar 124, lo que significa que hay 123 países menos corruptos que el nuestro y 56 más corruptos.

La calificación de 31 es la tercera más baja dada a México desde 2012 y es la misma que obtuvo en 2020. La más baja es el 28 que se le dio en 2018. En 2020 la calificación fue 31, en 2019 y 2017 fue 29 y en 2016 fue 30. En 2012 y 2013 fue 34 y en 2014 y 2015 alcanzó 35.

Como se vea, históricamente nuestro país siempre ha salido mal calificado en el IPC. Y no es ningún triunfo del gobierno de la 4T que del 29 en 2019 se haya pasado al 31 en 2020 y 2021.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 (CCC), elaborado por la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas con el fin de evaluar la capacidad de 15 países de América Latina para detectar, sancionar y prevenir la corrupción, nuestro país quedó en lugar 12, solo arriba de Guatemala, Bolivia y Venezuela.

El reporte del CCC anota que “México cayó del puesto 11 al 12 en el Índice, y su puntaje general continuó con una tendencia a la baja, cayendo casi un 5% en 2022, y en un 13% desde 2019. El país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el declive más pronunciado fue con el rubro de la democracia y las instituciones políticas. En esa categoría, México tuvo una fuerte caída en la variable que evalúa la elaboración de leyes y procesos de decisión, lo que refleja los esfuerzos percibidos del poder ejecutivo para interferir en asuntos judiciales y legislativos”.

Faltan exactamente 24 meses para que Andrés Manuel entregue el poder a quien resulte ganador de la elección presidencial de 2024. El tiempo se le terminó para acabar con la corrupción en el país.

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Durante los días en que duró el evento se reunieron en el centro vacacional Shar El Sheikh políticos, diplomáticos y funcionarios de los gobiernos nacionales, defensores de la tierra y el medio ambiente y representantes de pueblos indígenas que exigen una mayor protección de sus territorios contra la explotación por parte de industrias destructivas para el medio ambiente, como la tala, la minería y la agroindustria. También asistieron enviados de las empresas que explotan las energías fósiles que al participar en las discusiones pretenden proteger su industria de las medidas que buscan acabar con el uso del carbón, el petróleo y el gas. Si la industria de los combustibles fósiles fuera un país, habría tenido la delegación más grande en la conferencia. Este año, debido a que el gobierno dictatorial egipcio ha limitado los derechos humanos y las libertades de prensa y reunión en el país, tuvieron mayor dificultad para asistir al evento las organizaciones de defensores de los derechos humanos, las ONGs y los medios de comunicación independientes. En Shar El Sheikh se pronunciaron muchos discursos, realizaron mesas de análisis y debate y, al final de cuentas, poco se logró. Los resultados finales contrastan mucho con el optimismo que mostraron en los discursos que pronunciaron al iniciarse la conferencia los 96 jefes de estado y/o de gobierno, la presidenta de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y, en días subsecuentes, los representantes de virtualmente todos los países del mundo, la de México incluida, que fue la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta. Como en las 26 ediciones pasadas de lo que oficialmente se conoce como Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP), la recién concluida se quedó muy lejos de satisfacer sus objetivos. Lo mejor que se logró fue que los gobiernos de los países desarrollados acordaron, después de años de negarse a hacerlo, establecer un fondo para darles recursos económicos a los países en desarrollo que sufren pérdidas y daños por tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales provocados por el cambio climático que en gran medida se debe a las actividades económicas de los primeros. Sin embargo, desde ahora se acepta que pasarán varios años antes de que se determine qué países contribuirán al fondo y con cuánto cada uno, a cuáles países se les entregará el dinero y cómo se administrará el fondo. 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