AMLO debe denunciar ante la FGR a empresas que acusa de sabotaje

El sabotaje es uno de los delitos contra la seguridad de la nación que se anotan en el Código Penal Federal (CPF); los otros son la traición a la patria, el espionaje, la sedición, el motín, la...

14 de octubre, 2020

El sabotaje es uno de los delitos contra la seguridad de la nación que se anotan en el Código Penal Federal (CPF); los otros son la traición a la patria, el espionaje, la sedición, el motín, la rebelión, el terrorismo, el financiamiento al terrorismo y la conspiración.

En lo que al sabotaje se refiere, el Artículo 140 del CPF señala que:

“Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa”.

Una pena que puede llegar a ser de hasta 20 años de cárcel indica que los legisladores que en 1931 aprobaron el CPF y los que la fueron reformando en años posteriores, consideraron que el sabotaje es un delito grave.

Sin embargo, pese a lo que diga el CPF, todo parece indicar que en nuestro país es fácil cometer este delito y más fácil aún no responder por ello.

No pasa un solo día en que no veamos a decenas, centenas y hasta miles de personas entorpecer diversas vías de comunicación carretera y ferroviaria, bloquear el acceso a aeropuertos, dañar edificios en donde hay oficinas públicas o destruir vehículos pertenecientes a una dependencia gubernamental.




Lo peor es que estos saboteadores, aduciendo todo tipo de pretextos para cometer sus delitos, actúan a plena luz del día y la mayoría de las veces ante policías, guardias nacionales y militares que los dejan actuar libremente.

Aparentemente hay otro tipo de saboteadores, según lo dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró en su conferencia de prensa que “ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno (…) Ha habido una campaña fuertísima de estas empresas y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos productos en el mercado, lo que tiene que ver con las niñas, con los niños de cáncer (…) Las mismas empresas de aquí hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos”.

Como ya es su costumbre, AMLO denunció pero no dijo cuáles son esas empresas o si las denunciará por sabotaje ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá determinar si en realidad hay delito que perseguir.

Andrés Manuel también debe estar consciente de que el mismo Artículo 140 del CPF anota que “Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades”.

Es decir que después de hacer público que tiene “conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad” no le queda más que hacérselo saber a la FGR, si es que no quiere violar lo que señala el CPF.

Espero que el presidente cumpla con lo que establece la ley.

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La ley había sido aprobada el 14 de mayo anterior, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. En la Cámara Baja, de los 454 diputados presentes, 381 votaron a favor, 62 en contra, y 11 se abstuvieron. Votaron a favor 204 priistas, 99 panistas, 45 perredistas y 25 verdes. En contra estuvieron 35 perredistas, 16 de MC y 11 petistas. Se abstuvieron siete del PRD, dos del PAN, uno del PRI y otro de MC. En el Senado, de los 120 legisladores presentes, votaron a favor 113 y siete en contra. Votaron a favor 52 priistas, 36 panistas, 17 perredistas, seis verdes, un petista y un independiente; en contra, cuatro petistas y tres perredistas. Es decir, la LGIPE fue aprobada por el 84% de los diputados y el 94% de los senadores, incluidos los de todos los partidos entonces representados en el Congreso. Todos ellos ganaron sus cargos en la elección federal realizada el 1 de julio de 2012. La Constitución en su Artículo 39 señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste...”. Y el Artículo 41 no deja duda alguna cuando anota que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (…)”, siendo dichos poderes los que se anotan en el 49: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Es decir que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y no solo por el jefe del Poder Ejecutivo, como aparentemente lo cree Andrés Manuel López Obrador, quien ayer, olvidando el cargo que desempeña, arremetió en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que ese órgano no representa al pueblo, a pesar de que la Constitución diga que por medio de  los tres poderes “el pueblo ejerce su soberanía”. Para AMLO, hicieron mal los magistrados que votaron para negarle sus candidaturas a los morenistas que querían gobernar Guerrero y Michoacán, y atentaron contra la democracia por acatar lo que mandata la LGIPE que fue aprobada por el Poder Legislativo, por medio del cual también “el pueblo ejerce su soberanía”. También criticó la existencia de organismos autónomos que en su momento fueron creados por el Poder Legislativo. En su conferencia de prensa de ayer, Andrés Manuel actuó como si fuera el jefe de los tres poderes, lo que no es. Entiendo que los morenistas y sus paleros en el Congreso lo acepten como su jefe, después de todo es el verdadero mandamás de MORENA, pero hasta ahí llega su control porque no manda sobre los legisladores de la oposición. AMLO también cree que puede mandar sobre el Poder Judicial, como lo constata su afán de prolongar por dos años más el periodo para el cual fue electo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 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