Algunas comparaciones

Comparemos la realidad de México con la de otros países según lo indican numerosos estudios, encuestas, análisis e índices llevados a cabo por diversas organizaciones públicas y privadas del mundo. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta...

7 de octubre, 2020

Comparemos la realidad de México con la de otros países según lo indican numerosos estudios, encuestas, análisis e índices llevados a cabo por diversas organizaciones públicas y privadas del mundo.

Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta realizada entre los 41 países más prósperos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 86% de los adolescentes mexicanos de 15 años afirman que están muy satisfechos con sus vidas. Este porcentaje es inferior solo al que se obtuvo para los Países Bajos, en donde 90% de los quinceañeros respondieron lo mismo, y es superior a los de Rumania y Finlandia (85%) y Croacia, Suiza, España y Lituania (82%).

Curiosamente, cuando estudiaron la primaria, esos niños que son felices fueron educados por maestros que no tienen por qué sentirse muy satisfechos con sus ingresos en vista de que su sueldos distan muchos de los que ganan maestros de primaria de otros países. De acuerdo con la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos (OCDE), un maestro mexicano gana 21 534 dólares anuales al empezar su carrera y después de 15 años de trabajar gana 34 089 dólares.

En 28 de los 36 países miembros OCDE los docentes de primaria ganan más que sus colegas mexicanos. Algunos de estos sueldos iniciales y tras 15 años de trabajo son: Luxemburgo (70 295 – 102 360), Alemania (63 257 – 77 638, Canadá (40 504 – 70 698), Estados Unidos (41 119 – 61 145), Corea del Sur (32 111 – 56 587), Inglaterra (31 265 – 51 520), Japón (29 440 – 49 133), España (42 215 – 48 760), Francia (31 300 – 38 173), Italia (31 313 – 37 735), Turquía (29 407 – 31 359), Costa Rica (24 894 – 31 499) y Chile (23 260 – 35 034).

Desafortunadamente, esos maestros y adolescentes, como tantos otros en el mundo, viven y seguirán viviendo en un país cada vez más contaminado por botellas de plástico en vista de que no existe un sistema de depósito de estas botellas con el fin de reducir el desperdicio de plásticos y aumentar su reciclaje.

De acuerdo con un reporte de la fundación neerlandesa Changing Markets, solo 40 países del mundo han adoptado sistemas de depósitos de botellas de plástico, no siendo México uno de ellos.




Y si bien la contaminación de plásticos seguirá afectándonos a los mexicanos, es probable que un sistema socialista no se adopte en nuestro país en mucho tiempo y menos uno comunista como gritan algunos populistas de derecha.

Por lo menos eso es lo que piensan casi 1400 adultos estadounidenses que participaron en una encuesta realizada por yougov.com, quienes no incluyeron a México entre los países que consideran totalmente socialistas o más socialistas que capitalistas.

Sería interesante encuestar a esos estadounidenses sobre lo que opinan de la estrategia del gobierno mexicano para combatir el COVID-19 y cuidar a sus trabajadores del sector salud. Tal vez no sepan que contestar porque hasta dentro de nuestro país pocos están enterados que, hasta el 3 de septiembre pasado y de acuerdo a Amnistía Internacional, 1320 de estos trabajadores mexicanos habían muerto, más que en Estados Unidos (1077), Reino Unido (649), Brasil (634), Rusia (631), India (573), Sudáfrica (240) e Italia (188).

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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. De nuevo, AMLO arremetió contra los juzgadores, acusándolos de traición a la patria. Y la semana pasada, la antes mencionada COFECE interpuso una controversia constitucional contra la LIE por “contravenir los principios de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”. En los días próximos, diputados del PAN, PRD y MC, entre otros, impugnarán un artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial recién aprobada por el Congreso: el que amplía por dos años el periodo del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Para estos legisladores y la mayoría de los constitucionalistas que han emitido una opinión al respecto, la SCJN deberá declarar inválido ese transitorio porque viola lo que el Artículo 96 de la Constitución establece claramente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Al decidir el asunto cada uno de los ministros de la SCJN deberá recordar que al asumir su cargo juró “desempeñar leal y patrióticamente el cargo (…) y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. 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