Estados Unidos resultará gravemente afectado si Donald Trump deporta a 11 millones de inmigrantes indocumentados, como prometió incontables veces en su campaña. Diversos estudios indican que esta medida no solo no beneficiará la economía y seguridad estadounidense, sino que tendría efectos devastadores en términos económicos, sociales y logísticos.
Para empezar, la pérdida económica será gigantesca. Expulsar a esos 11 millones reducirá el PIB entre un 4.2% y un 6.8%, lo que equivale a una pérdida de hasta 1.7 billones de dólares anuales, comparable a la Gran Recesión de 2008. Sectores clave como la construcción, la agricultura y la hospitalidad dependen de trabajadores indocumentados; su ausencia incrementará los costos de bienes y servicios, afectando el costo de vida del ciudadano promedio. En la agricultura, la escasez de mano de obra elevará el precio de los alimentos, impactando directamente a los consumidores en el supermercado.
Otro tema es el fiscal. Los indocumentados contribuyen al sistema tributario: en 2022 pagaron 46.8 mil millones de dólares en impuestos federales y 29.3 mil millones en impuestos estatales y locales. Su expulsión eliminará estos ingresos, reduciendo los fondos para programas y servicios públicos esenciales. Además, aportan a Seguridad Social y Medicare, aunque no reciben estos beneficios. Actualmente, estos sistemas reciben de ellos 22.6 mil millones y 5.7 mil millones de dólares, respectivamente.
Para lograr una deportación de esta magnitud, Trump necesitará una movilización de recursos sin precedentes. El costo estimado oscila entre 88 mil millones y 315 mil millones de dólares anuales. Incluso con el apoyo político necesario, semejante gasto es insostenible. Además, requerirá la cooperación de los países de origen de los deportados, como México, lo que creará conflictos diplomáticos y aumentará las tensiones bilaterales.
La realidad es que cada deportado implica una familia dividida: casi 4 millones de familias de estatus mixto sufrirán pérdidas de hasta el 62.7% de sus ingresos. Esto afectará a comunidades enteras, especialmente en California, Texas y Florida, donde reside casi la mitad de los indocumentados. La eliminación de esta mano de obra golpeará duramente la productividad local, desencadenando problemas económicos que se sentirán en todo el país.
En términos históricos, Trump deportó menos personas durante su primer mandato que Barack Obama, a pesar de su retórica antiinmigrante. Deportar a millones, como prometió hacerlo desde el primer día de su mandato, será imposible. El alto costo, la resistencia local y las barreras legales lo convierten en una fantasía más de su imaginación. Cálculos realistas sugieren un rango de 200,000 a 400,000 deportaciones al año, muy lejos de los 2,750,000 anuales necesarios para cumplir su promesa.
En el muy improbable caso que lograra hacerlo, Trump conseguiría una victoria política momentánea, pero a un precio muy alto para la economía, la cohesión social y la reputación de EEUU. Y todo por una promesa de campaña que suena fuerte y hasta atractiva, pero que en la práctica es demagógica, insostenible y dañina.
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