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junio 1, 2020

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Mi columna

Ahora ¿el Ejército?

26 de agosto, 2020

Eduardo Ruiz-Healy

Gracias a un video y a la denuncia que Emilio Lozoya aparentemente filtró a los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo encabezar desde Palacio Nacional una campaña mediática contra sus dos antecesores inmediatos en el cargo, diversos exsecretarios de Estado y exlegisladores federales, y otras personas que el exdirector de PEMEX acusa de estar involucrados en actos de corrupción que se cometieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Su objetivo: desprestigiar más de lo que ya están a sus adversarios políticos para incrementar las probabilidades de éxito de los candidatos que MORENA postulará para competir por gubernaturas, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales en las elecciones del año entrante.

Todo le estaba saliendo muy bien para convencer al público de que la corrupción en los gobiernos anteriores llegó a niveles escandalosos y que en la era de la 4T no volverían a ocurrir actos similares.

Para desgracia de Andrés Manuel, el jueves pasado se difundieron los dos ya célebres videos donde aparecen su hermano Pío y uno de sus funcionarios favoritos, el exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero, quien recientemente había renunciado a ese puesto para asumir la dirección de la nueva paraestatal que, utilizando recursos multimillonarios, se encargará de la compra de medicamentos y equipos médicos para las instituciones gubernamentales del sector Salud.

Por si lo anterior no fuera suficiente razón para dudar de la pureza de quienes conforman la 4T, ahora parece ser que hasta altos mandos del Ejército estuvieron involucrados en actos de corrupción entre 2013 y 2019, es decir, tanto en el sexenio de Peña Nieto como en lo que va del de AMLO.

De acuerdo con un artículo que se publicó ayer en El País, el Ejército “desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019” y peor aún “Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional que autorizaron las compras ha sido sancionado por las operaciones en las que se emplearon 250 compañías”.

Al intentar explicar/defender la probable transa perpetrada por Pío y León, AMLO dijo que habían manejado poco dinero (unos tres millones de pesos) si se compara con las que supuestamente realizaron Calderón, Peña y los suyos.

Para el presidente ¿los 2371.6 millones de pesos que según El País desviaron altos mandos militares, sí califica como una transa importante que debe perseguirse?

No es la primera vez que el Ejército es denunciado por el turbio manejo de sus recursos. El año pasado, El Universal reportó que la SEDENA “construyó obras en la opacidad por 33 681 millones de pesos entre 2006 y 2018”.

En lo que va del sexenio, al Ejército se le ha encomendado la construcción de obras multimillonarias como el aeropuerto de Santa Lucía, parte del Tren Maya y 2700 sucursales del Banco del Bienestar. Para defender sus decisiones, AMLO ha dicho que el Ejército es una institución en donde no existe corrupción.

Los hechos denunciados desde el año pasado ameritan ser investigados para que quede claro si mandos militares participaron o no en esos actos de corrupción. AMLO debe exigir estas investigaciones, tal y como ha exigido que sean investigados sus adversarios.

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El Artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) señala que: “… 2. El Consejo General [del INE], a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva; 3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato…”. El Artículo 442 anota que “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: … c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular…”. Luego, el 445 establece que “Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: … c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley…”- Y el Artículo 456 dice que “las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: c) Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y; III. 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