Tres individuos gobernaron Guerrero desde el 12 de marzo de 1996 hasta el 26 de octubre de este año: Ángel Aguirre Rivero (12 de marzo de 1996 al 31 de marzo de 1999 y 1 de abril de 2011 a 26 de octubre de 2014), René Juárez Cisneros (1 de abril de 1999 al 31 de marzo de 2005) y Zeferino Torreblanca (1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2011). Durante esos 18 años, siete meses y 15 días, ninguno de los tres hizo gran cosa para combatir el crimen en ese estado y prevenir el surgimiento de las organizaciones criminales que hoy lo controlan.
Aguirre llegó por primera vez a la gubernatura debido a que su antecesor, Rubén Figueroa Alcocer, se vio obligado a renunciar después de que policías estatales asesinaran a 17 campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Por una cruel ironía del destino, él mismo tuvo que abandonar el cargo después de que el 26 de septiembre pasado policías municipales de Iguala secuestraran a los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y los entregaran a sicarios de la banda Guerreros Unidos que aparentemente los asesinaron e incineraron.
La evidencia que muestra que ni Aguirre, ni Juárez ni Torreblanca asumieron su responsabilidad para combatir el crimen y la impunidad es más que abundante. Algunos ejemplos:
Entre 1991 y el primer trimestre de 2006 se denunciaron 83 feminicidios en Guerrero. Para marzo de 2007 la Procuraduría General de Justicia de ese estado no había ejecutado 32 órdenes de aprehensión giradas contra los asesinos de mujeres a pesar de que se conocían sus nombres y características.
El 30 de septiembre de 2010 fueron secuestrados en plena Costera de Acapulco 20 turistas michoacanos que vacacionaban en el puerto. Sus cadáveres fueron encontrados el 6 de noviembre de ese año en una fosa clandestina. Después se supo que fueron asesinados porque el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) creyó que eran miembros del cártel La Familia Michoacana. A finales de julio de 2011 fue capturado un sicario del CIDA que antes fue policía ministerial del estado, quien confesó haber participado en el crimen y explicó como en Acapulco se libraba una guerra a muerte entre gatilleros del CIDA, de La Barredora y otros grupos.
En febrero de 2014 se encontraron 12 cadáveres en tumbas clandestinas en Taxco. Cuatro años antes, en un respiradero de una mina en el mismo municipio se encontraron 55 cadáveres; algunos aparentemente eran policías municipales de Iguala.
Desde 2005, cuando se descubrió la primer fosa ilegal en Tecpan, hasta la fecha, se han encontrado 200 cadáveres en 38 tumbas clandestinas en Guerrero.
Durante sus respectivos gobiernos, Aguirre, Torreblanca y Juárez aparentemente voltearon para otro lado mientras se cometían toda clase de asesinatos y otros crímenes. Hoy, pese a su indolencia y probable complicidad con alguno de los grupos delincuenciales que operan en Guerrero, los tres viven tranquilos. El primero, quién sabe dónde andará, el segundo está dedicado a sus negocios y el tercero, gracias al PRI, se encuentra cómodamente sentado en un mullido escaño del Senado de la República.
Sería bueno que la Procuraduría General de la República los investigara para saber qué tanto tuvieron que ver con el crecimiento de la delincuencia en Guerrero.
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