La policía de Paraguay confirmó el viernes la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, en una mansión de un fraccionamiento exclusivo en la ciudad de Asunción. La operación internacional permitió detener al acusado de ser el jefe de La Barredora, banda afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El presidente paraguayo Santiago Peña celebró la captura en su cuenta de X, al afirmar que se trató de “un golpe contundente al crimen organizado transnacional” y que “Paraguay no será refugio de criminales”. La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la cooperación y aseguró que la detención demuestra que la cooperación internacional es clave contra la corrupción y el crimen organizado.
Es evidente que desde 1992 cinco gobernadores de Tabasco, tres del PRI, uno del PRD y uno de Morena, protegieron y encumbraron al exfuncionario.
Ya en 1992-1994, en el gobierno de Manuel Gurría (PRI), Bermúdez era director de Seguridad Pública, coincidiendo con Adán Augusto López Hernández, entonces subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos. Luego, con Roberto Madrazo (PRI), dirigió la cárcel estatal CRESET (1995-1997), mientras López Hernández avanzaba dentro del aparato político tabasqueño.
Durante el gobierno del también priista Andrés Granier, Bermúdez mantuvo cargos policiacos. Y después, con Arturo Núñez (PRD), alcanzó el rango de director de la Policía de Investigación, con acceso a información y operativos. Su consolidación fue transexenal. En 2019, ya como gobernador de Morena, Adán Augusto López llevó esa relación a su mayor nivel: lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, entregándole el aparato de seguridad estatal, pese a que desde entonces, según Guacamaya Leaks, el Ejército sospechaba de sus vínculos con La Barredora,.
No se trató solo de una alianza política. La notaría 27 de Villahermosa, propiedad de López Hernández, dio fe de empresas ligadas al hermano y sobrino de Bermúdez en negocios de apuestas y constructoras. La relación fue política, funcional y también económica en lo notarial.
Si bien sus antecesores promovieron a Bermúdez, la máxima responsabilidad recae en Adán Augusto, quien lo hizo secretario de Seguridad y lo sostuvo en ese cargo estratégico hasta 2024, pese a los señalamientos en su contra.
El caso Bermúdez desnuda la podredumbre de la política tabasqueña. Su captura debe servir para investigar las redes políticas que lo sostuvieron por décadas.
La detención es un triunfo, pero también un recordatorio de cómo la política y el crimen han convivido en Tabasco durante décadas. El caso obliga a preguntar: ¿qué tanto sabía Adán Augusto de la otra vida de su hombre de confianza? ¿Qué responsabilidad le toca por los delitos del hombre que encumbró? Y, de paso, ¿qué tanto sabían sus antecesores que, sexenio tras sexenio, lo mantuvieron en posiciones de poder? Este caso de nuevo exhibe la fragilidad institucional de un país que ha permitido que funcionarios se transformaran en protectores, cómplices o jefes del crimen organizado. La historia de Bermúdez muestra que en Tabasco el poder político y el crimen organizado caminaron siempre de la mano hasta que el actual gobernador morenista, Javier May, aparentemente decidió acabar con esa relación perversa.
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