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La economía circular como política de Estado en México

Hay ganadores y perdedores. La economía circular genera oportunidades, pero también costos de ajuste.

16 de diciembre, 2025

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La Cámara de Diputados dio la semana pasada un paso poco frecuente y políticamente significativo: aprobó por unanimidad (460 votos) la Ley General de Economía Circular y reformas asociadas en materia ambiental y de residuos, enviando el dictamen al Senado. No se trata solo de una nueva norma. La unanimidad, en un Congreso acostumbrado al contraste, la negociación áspera y el voto en bloque, es una señal de que el tema fue entendido como algo más que una agenda sectorial: es un desafío económico, sanitario y de competitividad que rebasa calendarios electorales.

Cuando el Legislativo converge de manera total, estamos frente a lo que suele llamarse una “decisión de Estado”: no necesariamente porque todos compartan los mismos diagnósticos o prioridades, sino porque hay un acuerdo mínimo de que “no hacer nada” es más costoso que actuar. No es la primera vez que ocurre. En años recientes se han aprobado por unanimidad reformas en materias de alto consenso social, como cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vinculados a derechos de personas con discapacidad (aprobada con 481 votos) , así como la Reforma constitucional fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios con 483 a favor, 0 en contra. En otro registro, el Congreso también ha construido acuerdos prácticamente totales en reformas laborales que ordenan fenómenos contemporáneos, como el trabajo en plataformas digitales, reportadas sin oposición, con 462 votos. La economía circular entra ahora en ese grupo de decisiones donde el consenso funciona como un mensaje: el país necesita una ruta de largo aliento.

¿Qué es la circularidad? No es solo reciclar

Para dimensionar el momento, vale aclarar de qué hablamos cuando hablamos de economía circular. No es simplemente “reciclaje” ni una campaña de separación de residuos. La circularidad propone transformar el modelo lineal de extraer–producir–usar–desechar hacia un sistema donde se reduzcan residuos desde el diseño, se prolongue la vida útil de los productos y se recircule el valor de los materiales. En el lenguaje de política pública, significa mover el esfuerzo desde el final del problema (el tiradero) hacia su origen (el diseño industrial, los patrones de consumo, la trazabilidad, la logística inversa y la responsabilidad de quien coloca productos en el mercado).

La nueva ley general busca incrementar la vida útil de productos, minimizar y valorizar residuos, establecer instrumentos económicos y, de manera crucial, empujar la responsabilidad extendida del productor, además de crear mecanismos de información y coordinación entre órdenes de gobierno. Si se implementa bien, esto cambia el sentido de la política: deja de descansar en la buena voluntad del ciudadano y coloca obligaciones, métricas e incentivos en toda la cadena de valor.

Una crisis mundial que ya es crisis económica

La economía circular dejó de ser un tema “de nicho” porque el mundo enfrenta una crisis de materiales y residuos que se traduce en costos públicos y privados. Los diagnósticos globales advierten un aumento sustantivo en residuos municipales hacia mediados de siglo, y subrayan que mantener el rumbo actual tendrá impactos financieros y ambientales crecientes. Al mismo tiempo, los indicadores internacionales señalan que la circularidad global sigue siendo baja: el porcentaje de materiales secundarios que reingresa al metabolismo de la economía mundial ronda el 7.2%. El mundo habla más de circularidad, pero cierra menos ciclos; por eso proliferan normas, estándares y esquemas obligatorios.

Ese entorno internacional importa a México por tres vías: competitividad exportadora, financiamiento (ESG) y presión regulatoria de socios comerciales. En economías abiertas, la circularidad dejó de ser un tema “ético”: es un requisito de acceso a mercados y una fuente potencial de productividad.

México: la paradoja del reciclaje que existe, pero sin Estado

En el caso mexicano, el desafío es enorme y cotidiano. La generación y recolección de residuos urbanos en el país se mide en órdenes de magnitud superiores a las 100 mil toneladas diarias, según información estadística nacional utilizada en diagnósticos públicos. Esto significa logística municipal estresada, disposición final insuficiente, tiraderos, costos sanitarios y degradación ambiental que no se “compensan” con campañas episódicas.

El punto más delicado es la paradoja estructural: México recicla, sí, pero una parte relevante de la recuperación de materiales no la realizan ni el Estado ni la industria organizada, sino los recicladores de base (pepenadores), que sostienen cadenas de recuperación en materiales como PET, cartón y metales. La ley reconoce por primera vez de manera explícita a estas personas como actores estratégicos del sistema. Ese reconocimiento puede ser un parteaguas o un gesto simbólico, dependiendo de cómo se implemente.

Miles de personas separan, recuperan y comercializan materiales en calles, mercados, estaciones de transferencia o tiraderos, muchas veces sin seguridad social, sin contratos, con alta exposición a riesgos sanitarios y con esquemas de intermediación que se quedan con buena parte del valor. Si ellos desaparecieran mañana, el reciclaje en México simplemente se desplomaría. Por eso, una economía circular “a la mexicana” no puede construirse como si el reciclaje no existiera: debe integrarlo, dignificarlo y hacerlo más seguro y justo.

Aquí está el corazón político y social del tema: una economía circular sin derechos y sin territorio es una promesa incompleta. La circularidad necesita infraestructura, pero también necesita reconocimiento laboral, organización colectiva y gobernanza local.

La implementación real: infraestructura, capacidades y coordinación

El reconocimiento legal de los recicladores de base debe considerar frentes adicionales:

Primero, infraestructura adecuada: centros de acopio urbanos y nodos intermedios que no sean necesariamente plantas de reciclaje, sino espacios formales donde el residuo se reciba, se clasifique y se convierta en insumo con trazabilidad. Sin ello, la logística inversa se vuelve un ideal inalcanzable.

Segundo, capacitación: no todos los residuos son iguales. La recuperación de valor depende de saber separar, almacenar y manejar materiales —incluidos residuos complejos— sin riesgos. Capacitar no es “dar cursos”: es construir capacidades productivas.

Tercero, organización colectiva: el reciclaje informal ocurre en el espacio público y genera conflictos por territorio, competencia por rutas y condiciones inseguras. Sin esquemas cooperativos o modelos asociativos, la formalización se vuelve exclusión.

Cuarto, coordinación con gobiernos locales: la recolección y el manejo municipal determinan la realidad de la circularidad. Si los municipios diseñan sus contratos y rutas ignorando a los recicladores, la ley chocará contra la práctica cotidiana. La ley apunta a coordinación e información pública; la pregunta es si se traducirá en capacidades y presupuesto.

Circularidad y calidad: lo barato sale caro

Un elemento que suele omitirse en el debate es el vínculo entre circularidad y durabilidad. En México, la apertura comercial amplió el acceso a bienes importados de muy bajo costo, pero muchos de ellos carecen de reparabilidad, garantías efectivas o refacciones. Se convierten rápidamente en desechos porque reparar es inviable. La circularidad empieza ahí: si el producto está diseñado para fallar o para no repararse, el residuo es inevitable.

Esto no solo ocurre con artículos domésticos; puede suceder con bienes complejos. La discusión sobre calidad, garantías y cadenas de refacciones es parte de la economía circular, aunque a veces no se presente con ese nombre. En ese contexto, la política comercial también incide: recientemente se aprobó un paquete de ajustes arancelarios con entrada en vigor el 1 de enero de 2026, con rangos reportados de 5% a 50% para más de 1,400 líneas arancelarias de países sin tratado con México. La medida puede proteger industrias nacionales y, potencialmente, favorecer productos con mayor vida útil; pero también puede encarecer bienes para consumidores y presionar cadenas productivas que requieren ciertos insumos. Circularidad y política industrial deben dialogar: de lo contrario, cada una puede sabotear a la otra.

Para la industria, el potencial positivo es tangible: eficiencia material (menos merma), nuevos mercados (reparación, reacondicionamiento, remanufactura), acceso a cadenas globales más exigentes y reducción de riesgos regulatorios. Con reglas claras, las empresas pueden invertir con certidumbre en ecodiseño, empaques, logística inversa y contenido reciclado.

Pero existen riesgos: el cumplimiento cuesta. Rediseñar empaques, reportar, recolectar, financiar esquemas de responsabilidad extendida y certificar procesos puede presionar márgenes, sobre todo para MIPYMES. Si la vigilancia es desigual, los cumplidores pueden quedar en desventaja frente a evasores. Si la norma secundaria es ambigua, aumentan litigios y la circularidad se vuelve un laberinto administrativo. El éxito de la ley dependerá de que los instrumentos no se conviertan en burocracia sin resultados.

Para consumidores, los beneficios esperables son claros: ciudades más limpias, menos impactos a salud pública y acceso a productos más durables y reparables. Pero el costo puede ser inmediato: aumentos de precio de corto plazo si se trasladan costos de cumplimiento, y “fricción” cotidiana si se exige separación sin infraestructura municipal funcional. El consumidor no puede ser el único responsable de resolver la circularidad; si el sistema no responde, la política se vuelve frustración.

En suma

La aprobación unánime de la Ley General de Economía Circular debe leerse como una oportunidad política excepcional: una ventana para construir una política pública que permanezca. Pero la historia no la hará la votación; la hará la implementación.

Si México quiere que esta ley sea un parteaguas, la circularidad debe convertirse en una política industrial (diseño, innovación, productividad material), una política urbana (infraestructura de acopio, coordinación municipal) y una política social (dignificación y derechos para quienes hoy sostienen el reciclaje). La circularidad de los materiales no puede avanzar si la justicia laboral y territorial se queda atrás.

México no necesita solo una economía más circular. Necesita una economía circular que funcione, que incluya, que mida, que cumpla y que compita. La unanimidad ya ocurrió. Ahora viene la parte difícil: convertir el acuerdo político en una transformación real.

Referencias:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/diputados-aprueban-crear-ley-economia-circular-impulsar-reciclaje-pais-20251210-790550.html

https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/12/09/politica/avalan-diputados-ley-de-economia-circular-para-frenar-la-cultura-de-usar-y-tirar-en-mexico

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/monitoring-progress-towards-a-resource-efficient-and-circular-economy_f50297ce/3b644b83-en.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://reports.circularity-gap.world/cgr-global-2024-

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/material-circularity-indicator?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344925001983

https://www.sdpnoticias.com/negocios/amia-respalda-los-aranceles-a-los-autos-chinos-en-mexico

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Jose Luis Romero Hicks

Politólogo, economista, y abogado por la Universidad de Guanajuato. Diplomático en las embajadas de México en India y Japón. Consejero de PEMEX, Director General de Bancomext y Secretario de Planeación y Finanzas en Guanajuato. Abogado postulante, consultor financiero y en políticas públicas de vivienda. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

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