Un tema preocupante en México es el de los derechos de la infancia, que siempre que se aborda, se muestra y demuestra que no ha sido prioritario en la agenda de la 4-T, ni con López, ni con la nueva administración. Es por ello que cada día la situación para nuestra infancia es más peligrosa, cuando su protección, cuidados y apoyo debiera ser prioritario, pero, sucede todo lo contrario.
Al respecto La Red de los Derechos de la Infancia en México, (REDIM), lanzó una advertencia, que las infancias en nuestro país, inician este 2026 con aumento en la pobreza infantil indígena, prevalece la violencia contra niñas y adolescentes, y una crisis de inseguridad que los afecta.
Es por ello que el panorama no es nada favorable por las violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, y principalmente, para quienes pertenecen a grupos indígenas, migrantes y mujeres, lo que contraviene los estándares internacionales a los que se encuentra sujeto México.
Insisto en que es muy preocupante la realidad que viven y enfrentan, porque en el balance que presentó la REDIM destaca lo que niños y adolescentes externaron al ser consultados por la REDIM, señalando que hay una invisibilización en la que se les excluye de la toma de decisiones acerca de las políticas y acciones que les afectan, vulnerando sus derechos y el acceso a su garantía. Razón por la cual, proponen que se les incluya y los tomen en cuenta para que su voz ayude a cambiar y mejorar lo que hace falta para que estén mejor.
Del análisis llevado a cabo, se señala que entre 2022 y 2024, la pobreza entre personas indígenas de 3 a 17 años aumentó de 82.3 % a 84.8 %, a diferencia de la población de la misma edad no indígena, donde el porcentaje disminuyó 8 %.
La cruda realidad de estos datos, muestran que las niñas, niños y adolescentes indígenas están en una profunda desigualdad, afectándolos en su alimentación, educación, salud, vivienda y protección social, pero lo peor es que estas problemáticas no son atendidas de manera efectiva.
Como ejemplo, en el estado de Yucatán, se ha convertido en un paraíso, solamente para quienes pueden pagarlo. En 2022 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), registró que 28 de los 106 municipios tuvieron un aumento en el porcentaje de población en pobreza extrema, y otros 44, de las personas en situación de pobreza. En el caso de los menores de 18 años, entre 2016 y 2020 pasó de 53.3% a 55.8%.
También ha aumentado la desigualdad en personas con discapacidad, donde existen problemas desde las escuelas hasta los espacios públicos y de servicios de salud.
Y esta problemática preocupa mucho, porque el presupuesto de 1.1 billones de pesos destinado a niños, niñas y adolescentes para 2026 es de acuerdo a REDIM, “significativamente menor al observado en 2015” en términos relativos, al porcentaje del total de recursos federales para este rubro, implicando una disminución progresiva, lo que evidencia una pérdida de prioridad fiscal para la garantía de sus derechos.
Y a pesar de que el presupuesto para 2026 es 5% mayor en términos reales al que se tuvo en el 2025, será insuficiente para revertir las brechas persistentes en el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en un contexto marcado por múltiples crisis sociales, económicas y de seguridad.
MIGRACIÓN, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DELITOS CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES
De igual manera, en el desplazamiento forzado interno, hay un mayor número de niños, principalmente menores de edad, en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, que tienen que salir huyendo por la violencia del crimen organizado, hacia otras entidades. Hasta 2020, 264 mil 411 personas migraron, las infancias y adolescentes representaban más del 26 %.
Los delitos en su contra que se cometieron en el 2025, mil 991 homicidios de personas entre 0 y 17 años, la mayoría ocurridos en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, lo que es 11.5 % menos de los que ocurrieron en 2024, pero señala la REDIM, “la reducción estadística no puede interpretarse como una mejora, cuando niñas y niños siguen siendo víctimas de la violencia armada, crimen organizado, violencia familiar y omisiones institucionales”. Citándose como ejemplo los casos de Alexa y Leidy de 7 a 11 años, quienes fueron asesinadas el 6 de mayo del 2025 en Badiraguato, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre civiles y fuerzas de seguridad.
Enormemente triste y mucho más preocupante,lo que viven y enfrentarán lo más preciado de nuestra sociedad: los niños y los adolescentes, a quienes por falta de interés y cumplir con sus obligaciones por parte de las autoridades, les han frenado el presente y secuestrado el futuro.
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