El poder adquisitivo de todos los Mexicanos ha sufrido una fuerte contracción en los últimos 50 años. Entre otras razones podemos afirmar que la desigualdad social y la conveniente distracción de los partidos para servirse, ha ido en contra del sentido del empleo y a favor del deterioro del salario. Cuando se trata de mejorar las condiciones económicas del país y de sus ciudadanos, los partidos tienen una creciente deuda histórica determinada desde su poca calidad y ausencia de vocación de servicio. Este olvido del ciudadano ha terminado en el enojo de quienes votan, pero sobre todo ha creado una burbuja tóxica en el ambiente que impide crear más empresas productivas que a su vez mejoren las condiciones laborales y el sentido de la calidad de los salarios.
La brújula extraviada de la partidocracia ha creado nuevos procesos macro económicos discontinuos y bizarros. La mitad de la economía de México por ello se ha fragmentado, en el mejor de los casos, en actividades de formalidad cuando se halla bajo normas y estructuras legales; pero con también esta otra mitad basada en la informalidad cuando esas mismas actividades económicas se hallan al margen de los impuestos y de las obligaciones fiscales y, más recientemente, un nuevo formato: ilegalidad, cuando entidades dedicadas a obtener ingresos desde sus actividades fuera de la ley ingresan cuantiosos recursos que distorsionan la dinámica económica del país y la relación patrón-asalariado.
Pudiese darse el caso que más del 30% de los oficios y empleos temporales en algunas zonas del país obtengan su remuneración sirviendo a patrones erigidos dentro la economía ilegal. Este sería el caso tal vez de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas, estados cuyos tentáculos de los negocios ilegales han trascendido el estado de derecho y superado a las autoridades. Esta mezcla perversa de recursos y necesidad de empleo habría creado sistemas económicos cerrados. Por poner un ejemplo, el caso de Michoacán, en donde hay que entrarle además de los impuestos al derecho de piso y a la extorsión política en algunos de sus municipios.
¿Cómo arreglar una economía cuyos empleos dependen de la ilegalidad? Este es el gran asunto de los partidos, su deuda ciudadana producto de su falta de oportunidad para legislar en el sentido correcto pero sobre todo de su indiferencia a la contaminación de colegas, candidatos y gobernantes coludidos con caciques ilegales que exigen moche a quien sea, pero que recíprocamente lo comparten con el mismo sistema político creando más ilegalidad y cochinero a su paso, haciendo más grande la roncha de la contaminación y la desigualdad.
Esta partidocracia promotora de la ilegalidad y la impunidad con fuero, explicaría porque los partidos se han puesto en la mira del exterminio con las candidaturas independientes patrocinadas por el poder del voto auténtico y libre. Los ciudadanos están francamente cansados de promesas incumplidas y de la falta de compromiso de quienes pretenden un cargo de elección.
Bendita falta de memoria dirán para sí mismos los partidos. Ello hacia el 2018: si la economía crece los ciudadanos se calmarán. El caso es que la economía no crece por lo pronto y los ánimos no favorecen a este actual sistema de partidos.
Este olvido es veneno para los empleos legales, el salario justo, la buena educación gratuita y la justicia social. Los partidos han creado una discontinuidad de la economía en el tiempo, en donde no es posible que quienes velan por las leyes sean precisamente quienes se corrompen creando un estado de derecho para unos y otro sistema “buena onda” al margen de la ley.
Tal vez los partidos se han quedado sin ciudadanos sencillamente porque ya no gobiernan más para ellos. Quizá no tiene sentido gastar miles de millones cada año en ellos y lo que sigue es un ajuste a su sistema de financiamiento y a sus prerrogativas. Deben ser sancionado por el INE aquellos partidos que se someten, que se ponen al servicio de la ilegalidad. No se puede servir a dos dioses: o se sirve a la democracia de México o sirve al color de la corrupción y de la impunidad.
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