En el documento expedido el 30 de marzo de 2020 con el nombre de “Medidas de Seguridad Sanitaria. Consejo de Salubridad General” ha causado inquietud en el sector social y empresarial el término “actividades no esenciales…” el cual a la letra dice:
“Medida 1: Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad…”
Si bien en los sucesivos incisos de la medida se menciona una serie de actividades esenciales de manera genérica, desde un punto de vista del discurso, a mi ver existe un problema conceptual para poder llegar a lo particular, que es lo que preocupa.
Es importante delimitar inductivamente las categorías que inciden en el término de “actividades esenciales”. ¿Cuáles son? Y así evitar la ambigüedad conceptual.
Uno de los grandes problemas económicos y sociales que han surgido con esta contingencia es el subempleo. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), informa que el sector informal se incrementó a 31.3 millones de personas es decir 2% mayor al periodo del los meses de octubre a diciembre correspondiente al año de 2018.
¿Qué va a suceder con todo este porcentaje de la población que eligió como alternativa emergente la informalidad para generar ingresos?
A quién o quiénes van a ofrecer sus productos o servicios si casi no hay gente por las calles: vendedores ambulantes, trabajo doméstico, fondas, talleres automatices, vulcanizadoras etc., y más aún que no gozan de prestaciones laborales, seguridad social ni mucho menos un sueldo.
De acuerdo a la organización llamada México ¿Cómo Vamos? en el rubro “Semáforo Económico: Generación de fuentes de trabajo” informó que el Estado de Oaxaca ocupó el primer lugar en el empleo de la informalidad con el 80.5% del PEA, equivalente a 1 millón 486 mil 136 personas de 15 años y más se desempeñan en la informalidad; mientras que Chihuahua es el Estado con menor porcentaje de empleos informales.
Ante esta problemática, es necesario establecer políticas públicas y económicas con un alcance global, pertinente y con sentido de equidad, así como incentivos, crear áreas de oportunidad laboral, creación y actualización de reformas laborales y que se puedan crear instancias que defiendan los derechos de los trabajadores.
El próximo domingo se darán a conocer las medidas económicas que se implementarán en nuestro país.
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