Cuando parecía que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tomaba una ruta aceptable, un movimiento de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero complica las cosas para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El desistimiento de la FGR en la aprehensión de 16 militares relacionados en el caso, mete elementos de sospecha: sobreprotección al Ejército y ocultar información a partir de una extraña reversa, lo que derivó en la renuncia del Fiscal Especial Omar Gómez Trejo y la rabia de los familiares.
Gómez Trejo fungió como Secretario Ejecutivo del Grupos Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de juristas y médicos enfocados en realizar una investigación paralela sobre los acontecimientos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la comunidad de Iguala (Guerrero).
Una de ellas fue precisamente el desistimiento de las órdenes de aprehensión que favoreció a 16 integrantes del Ejército, de 21 órdenes contra funcionarios, entre ellos, al Coronel Rafael Hernández Nieto, entonces comandante del 41 Batallón de Infantería en Guerrero, además de otros ex funcionarios estatales como el ex Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco.
La premura con la que se judicializó el caso tuvo como consecuencia que los fiscales que comparecieron a la audiencia inicial no tuvieran pleno dominio de la carpeta de investigación e incluso el Juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia les reprochara que no fueran preparados a la diligencia.
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