Evidentemente el título de esta colaboración no es una invitación a que, en efecto, nos propongamos dañar al Instituto Nacional Electoral…
Evidentemente el título de esta colaboración no es una invitación a que, en efecto, nos propongamos dañar al Instituto Nacional Electoral en su patrimonio, físicamente o en su imagen. Es más bien, y aquí interpreto las declaraciones del Consejero Presidente y de otros actores políticos o de los medios, la intención aviesa de alguien que por alguna razón sí quiere hacer vulnerable a esa institución.
Tal argumento se ha esgrimido a raíz de la filtración de una conversación telefónica, ampliamente conocida y comentada, de Lorenzo Córdova en la que expresa “desafortunados” conceptos sobre un interlocutor, que muchos hemos calificado de racistas.
Es claro que la intención del autor intelectual de esa filtración, como de las que han salido en estos días y las que sin duda saldrán (no digo que sea el mismo), es la de dañar, no puede caber duda de ello. Pero como las instituciones no son los edificios sino los hombres que las integran, ellos son los blancos.
Cada filtración es como el tornado de Ciudad Acuña: llega, hace destrozos en la medida de la fuerza acumulada del fenómeno y lo endeble de lo que encuentra a su paso; se agota su fuerza y desaparece, pero deja un daño. En el caso de la llamada telefónica de Córdova, estoy seguro, no ha hecho mella en el INE, mas sí en el Consejero Presidente. Él es quien ha de sufrir las consecuencias y quien a título personal ha de hacer el control de daños.
Ofrecer disculpas en público y en privado ha sido parte de su estrategia y está bien. Es su derecho. Presentar denuncia ante la PGR, también es algo que le asista como ciudadano, pues las filtraciones no se persiguen de oficio, sino a petición de parte.
La ilegalidad de la grabación y su difusión no está a discusión: es a todas luces ilegal. La denuncia seguirá su curso hasta donde el propio Córdova la impulse, pero en la percepción de buena parte de la sociedad, los mensajes paralelos que se desprenden de la conversación difundida, dejan ver de qué está hecho el funcionario del INE.
“Bienvenida la ilegalidad” dijo, al respecto, un respetable comunicador. Su expresión cobijaba la tesis de que no debemos hacer caso a las informaciones que son ilegalmente obtenidas, y que la opinión pública debe condenar las filtraciones de conversaciones privadas. Podemos estar de acuerdo en ello, hasta cierto punto. Así como el principio constitucional de la libertad de expresión apoya el exceso frente a la censura, el derecho a la información no sólo debe circunscribirse al destino de los recursos financieros, sino más allá y eso incluye, desde una perspectiva amplia, conocer aspectos personales de quien ejerce un cargo público.
Al respecto, la SCJN ha establecido jurisprudencia en el sentido de que quienes ejercen un cargo público son diferentes a un ciudadano común en relación con su vida privada, dado que “Tratándose de la intimidad en ocasiones su condición puede dotar de interés público a la difusión y general conocimiento de datos que, pudiendo calificarse de privados desde ciertas perspectivas, guardan clara conexión con aspectos que es deseable que la ciudadanía conozca para estar en condiciones de juzgar adecuadamente su desempeño como servidores o titulares de cargos públicos.”
Para algunos, se ha sobredimensionado el valor de la grabación filtrada y consideran que pedir la salida de Lorenzo Córdova es un exceso; para otros, quizá con un poco de puritanismo, la “mancha” en la trayectoria política de este ciudadano lo hacen inadecuado para que continúe en frente de un organismo cuya credibilidad se basa en la integridad de quienes lo conforman. Todos somos honorables y probos, hasta que alguien demuestra lo contrario.
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