Uso y abuso en los recursos públicos

La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe de la Cuenta Pública 2015. La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe de la Cuenta Pública 2015. Este...

22 de febrero, 2017
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La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe de la Cuenta Pública 2015.

La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe de la Cuenta Pública 2015. Este documento es resultado de una serie de revisiones que realizó la ASF durante el 2015 a distintos órdenes de gobierno e instancias públicas. Como sucede prácticamente cada año, se encontraron un sinnúmero de anomalías y, a partir de ellas, se señala qué factores las ocasionan. Es por ello, que el día de hoy nos daremos a la tarea de analizar los distintos riesgos identificados.[1]

Evaluación de daños

El abuso de los recursos públicos es claro: de acuerdo al periódico El Financiero, el daño total originado del mal gasto gubernamental suma más de 165 mil mdp, 55% más que en 2014.[2] Este daño proviene de dos frentes:

  1. El ejercicio de recursos por parte del Gobierno Federal, los poderes de la Unión y los órganos autónomos; y
  2. Las anomalías en el gasto federalizado,[3] que si bien son menores que en los últimos cinco años,[4] estas sigue representando una cantidad considerable.

Los riesgos

La ASF explica que el origen de esta mala administración de los recursos públicos se puede deber a distintas causas. Por un lado, identifica que existen riesgos que están fuera del control de los entes fiscalizados, como marcos normativos inadecuados, programas mal diseñados, recursos que llegan de forma inoportuna, entre otras.




Asimismo, detecta riesgos de carácter interno, como las pocas capacidades de planeación y gestión, la carente transparencia en los distintos procesos, entre otros.

De manera particular, la ASF identifica cuatro puntos clave que son los más vulnerables a generar daños al erario público:

  1. Gasto en infraestructura

Según la ASF, por lo general en México las obras públicas tienen deficiencias en todo el proceso, entendido como la planeación, contratación y ejecución de los proyectos. Ejemplo de esto es cuando se hacen modificaciones al planteamiento original ocasionado incrementos en el monto de inversión, o las prórrogas a la entrega de obras o la escasa supervisión. Los daños de estas negligencias son palpables y afectan directamente a la población al privarlos de un bien o servicio de manera parcial o total.

Destacan los programas destinados a mejorar la infraestructura perteneciente al Sistema Educativo Nacional. La ineficiencia de estos recursos se refleja en los malos servicios básicos de las escuelas primarias. Simplemente, el emblemático Programa de la Reforma Educativa, que busca resarcir estas condiciones, utilizo en 2015 los recursos sin considerar los diagnósticos más elementales. De acuerdo a la ASF, se atendieron solamente 36% de las carencias físicas identificadas en las diferentes escuelas censadas por el INEGI. El resto de los recursos atendieron otras cuestiones no identificadas con anterioridad.

  1. Contrataciones

Actualmente, las contrataciones entre dependencias y entidades púbicas se encuentran reguladas bajo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta ley establece que los centros de investigación y universidades podrán normarse bajo sus propios criterios, lo que, según la ASF, ha permitido que las entidades de la Administración Pública Federal eludan los procedimientos de licitación, ocasionando el ejercicio inadecuado de los recursos o su desvío a fines ajenos.

En este sentido, las Universidades Públicas se prestan a este tipo de manipulaciones. Por ejemplo, existe el acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Social con la Universidad Politécnica de Texcoco donde esta última terminó subcontratando el 100% de los servicios para que la Secretaría evadiera los procedimientos asociados a la licitación.

  1. Padrón de beneficiarios

Existen distintos programas sociales que están destinados a compensar las carencias de ciertos sectores de la sociedad. Para que éstos funcionen adecuadamente, es necesario que se identifique quienes son los beneficiarios. Al respecto, la ASF encuentra que hay personas que son beneficiarias de más de un programa con fines similares, lo que genera duplicidades en el otorgamiento de los recursos.

Un ejemplo de lo anterior es lo que sucede con el programa presupuestario Pensión para Adultos Mayores (PAM). De acuerdo a su diseño, el PAM debe cumplir con los lineamientos que establece el Padrón Único de Beneficiarios, sin embargo para 2015, casi la mitad de los beneficiarios no contaban con la información necesaria o ésta no era válida. La situación anterior pone en entredicho la eficiencia de los 38 mil mdp que se gastaron en 2015.

  1. Evaluaciones

Para conocer si los diversos programas cumplen con su función, se utiliza una herramienta conocida como el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). En ésta hay un conjunto de metodologías que permiten valorar de manera objetiva el grado de cumplimiento y el impacto social de los programas. Sin embargo, dichas evaluaciones no son de ninguna utilidad si no se hacen adecuadamente o no son utilizadas para rediseñar los programas y mejorarlos.

En este sentido, la ASF encontró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suele incurrir en ambas faltas. Para empezar, la ASF indica que la SHCP, en sus informes trimestrales no incluye esta valiosa información que permite conocer el desempeño de los programas. En segundo lugar, encuentra que los distintos indicadores suelen ser débiles. Por último, señala que los resultados de las evaluaciones no se utilizan para la asignación del presupuesto, y el gasto continúa asignándose de manera inercial.

¿Qué hacer?

En tiempos de incertidumbre económica y finanzas públicas débiles, es vital que el Gobierno retome las distintas recomendaciones que la ASF extiende para que los recursos públicos se usen de manera adecuada. Ejemplos de estas recomendaciones para mitigar los riesgos antes descritos son: establecer y mejorar los mecanismos de control en los apoyos financieros al gasto en infraestructura; incluir legalmente la obligación de registrar en Compra Net los contratos que celebren las entidades públicas; sistematizar y hacer homogéneos los padrones de beneficiarios para evitar duplicidades; y hacer explicitas las responsabilidades de coordinación entre las distintas instancias que son parte del SED con el fin de que sea usado apropiadamente.  


[1] La presente nota se basa principalmente en la sección 3  y las recomendaciones del Informe General; complementado con Informes de Resultados de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social, disponibles todos en http://informe.asf.gob.mx/

[2] ASF: en 2015, daño al erario por 165 mil mdp; 55% más que en 2014, El Financiero, disponible en http://bit.ly/2llsfMs

[3] Se refiere a los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas.

[4] Los montos observados son: en 2015, 65.1 mil mdp; en 2014, 77.3 mil mdp; en 2013,  78.7 mil mdp; y, en 2012, 64.3 mil mdp

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