La crisis política parece haber tocado fondo en Iguala. El grave deterioro social que acerca a México al abismo y la enorme presión nacional e internacional indujo al presidente, a…
La crisis política parece haber tocado fondo en Iguala. El grave deterioro social que acerca a México al abismo y la enorme presión nacional e internacional indujo al presidente, a los principales partidos y a empresarios a proponer un “pacto contra la violencia”. En otros momentos a los acuerdos de este tipo se los ha llevado el viento, pero en esta ocasión puede ser diferente, toda vez que la elite gobernante (políticos y grandes capitales) cayó en la cuenta de que el pacto de impunidad por el que mutuamente se protege, conduce a grados cada vez mayores de deterioro y violencia. Se trata de mero instinto de sobrevivencia, pero aun así es una buena noticia para los mexicanos. Es una oportunidad en la que todos debemos involucrarnos para evitar que al pasar esta emergencia no decaiga el ánimo reformista y en poco tiempo volvamos a lo mismo hasta que nos sacuda otro mal aún mayor.
Me parece pertinente que a ese acuerdo nacional se le llame “pacto contra la violencia”. Por ello es crucial identificar las causas que originan la violencia en México, y son varias, a saber: la violencia económica; la violencia contra la ley, mejor conocida como pacto de impunidad; la violencia contra los derechos individuales, o guerra contra las drogas ilegales; la violencia contra los derechos ciudadanos o el secuestro de la vida pública por los partidos. He aquí el universo de la crisis social, económica y política que nos empuja al abismo. Pero, ¿qué implican cada una de estas especies de violencia? La violencia económica consiste en mantener un modelo que excluye y fabrica pobres, que concentra la riqueza y que induce a los jóvenes a caer en las manos de las bandas de narcotráfico. Es insostenible este sistema.
La violencia contra la ley nos lleva al estado de naturaleza que explicaba Hobbes, donde se impone la ley del más fuerte, el estado de guerra perpetua. Así que hay que declarar la guerra a la impunidad con una ambiciosa reforma institucional. La violencia contra los derechos individuales que lleva al gobierno a violar la privacidad del ciudadano se manifiesta como guerra contra las drogas ilícitas: he aquí el origen de poderosas mafias con enorme poder corruptor y de fuego que pudre la frágil estructura de gobierno e institucional del país y es una fuente de violaciones a los derechos humanos. Urge finalizar a esta guerra contra los mexicanos. La violencia contra los derechos ciudadanos implica reconstruir el sistema de representación democrático (acotar a partidos) y forjar mecanismos para que políticos y funcionarios rindan cuentas. La tarea es monumental: implica reconstruir al país, pero hay que hacerla.
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