En diversas ocasiones he argumentado, tanto en este espacio como en otros medios impresos y electrónicos a mi disposición, sobre la conveniencia de legalizar y regular…
En diversas ocasiones he argumentado, tanto en este espacio como en otros medios impresos y electrónicos a mi disposición, sobre la conveniencia de legalizar y regular la producción, distribución, comercialización y consumo de todas las drogas que actualmente están prohibidas y son la razón de la fracasada guerra que contra ellas se libra alrededor del mundo desde hace décadas.
No expondré hoy nuevamente mis razones por la legalización de las drogas sino que comentaré en torno a la decisión que deberá tomar dentro de no más de dos semanas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El 28 de octubre venidero, los cinco ministros arriba mencionados discutirán y aprobarán o rechazarán un proyecto presentado por Zaldívar que recomienda declarar inconstitucionales los artículos 235 (último párrafo), 237, 245 (Fracción I), 247 (último párrafo) y 248 de la Ley General de Salud.
Los artículos en cuestión pueden leerse en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/194.htm?s= y principalmente tienen que ver con “la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga” y la prohibición en el territorio nacional de todo tipo de substancias psicotrópicas, entre ellas el opio preparado para fumar; la heroína, sus sales o preparados; cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera; papaver bactreatum; y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones”. También prohíbe el uso de “otras substancias… cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que a juicio de la autoridad no originen dependencia”.
El proyecto del ministro Zaldívar, de ser aprobado por tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte, ampararía a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (SMATR), la cual hace dos años solicitó al gobierno federal permiso para cultivar mariguana para el consumo recreativo. La Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) rechazó su solicitud y la SMATR promovió un amparo que primero fue rechazado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y luego por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El proyecto de Zaldívar menciona, entre otras cosas que “pertenece a la autonomía individual… la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de la sustancia”. El ministro hace eco de la mayoría de las opiniones vertidas por la comunidad científica mundial que afirman que el consumo de la mariguana “no supone un riesgo importante para la salud” siempre y cuando no sea de forma “crónica y excesiva” y que los efectos de consumirla son “menores o similares” a las que producen drogas no prohibidas como el alcohol o el tabaco.
De concederse el amparo se daría el primero de muchos pasos hacia la legalización de las drogas y, más importante todavía, hacia el fin de una guerra violenta y absurda que en México ha propiciado el auge de la delincuencia organizada, la pérdida de unas 90,000 vidas y la desaparición de poco más de 20,000 personas.
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