El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año de 2013, reporto que en México son 29.3 millones de niños y niñas adolescentes que realizan una actividad económica…
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año de 2013, reporto que en México son 29.3 millones de niños y niñas adolescentes que realizan una actividad económica. Ellos son el futuro del país, dicen las autoridades. No obstante, resulta saber si todos ellos tiene plenamente reconocidos sus derechos para que puedan ejercer libremente un pleno desarrollo económico, social y/o cultural en México.
El Presidente Enrique Peña Nieto envío a los legisladores una iniciativa de ley denominada “Ley General para la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
En dicha ley se pretende otorgar plenamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Se sanciona la omisión ante lo que es ya un fenómeno social el bullying, y con privación de la libertad a quién fomente la cultura de la violencia, lesione el derecho a la privacidad del menor y por ende, cometa apología del delito.
Entre otros aspectos la iniciativa de ley, se dice que, se pretende crear una Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección.
Asimismo, se crea el catálogo de derechos: a la vida, de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura y a la libertad de expresión y de acceso a la información.
Ahora bien, sin duda la iniciativa de ley antes referida, es la consecuencia legal que en México no se le otorga la debida protección de los derechos del menor. Es decir, pareciera decir que no es importante que la Constitución señale que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Además, que los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A ello, se une la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 1990, donde los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.
Y, también se une la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, publicada el 29 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, en lo físico, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Los derechos determinados en la ley son: a la prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a la integridad, libertad, contra el maltrato y abuso sexual, identidad, a vivir en familia, a la salud, a la educación, al descanso y al juego, a la libertad de pensamiento, y, a la cultura propia, a participar.
En definitiva, estimado lector, la Constitución y las leyes vigentes otorgan una adecuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La Constitución dispone como principio el interés superior de la niñez, y subraya literalmente a los niños y niñas, pero no refiere a los adolescentes. Es posible, entonces que el legislador modifique el texto constitucional con el propósito de armonizarlo con la iniciativa del presidente.
No cabe duda que por leyes no paramos, la duda persiste al momento de observar en las calles a los menores pidiendo limosna, o, de los casos de abuso sexual a menores, o, de menores que comenten delitos, y un sin número de situaciones sociales, económicas y culturales que perjudican la integridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Estimado lector, el problema es de la aplicación de la ley y también el problema radica en la ausencia de valores, en la educación y en la cultura de los mayores: padres, autoridades, y/o profesores. Ante tales escenarios, entonces, ahora el problema es saber cuál es el futuro de la sociedad en México…
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