Mal inicia la semana para quien matan en lunes, dicen por ahí, y mal las cosas empiezan en el año para Morelos.
Mal inicia la semana para quien matan en lunes, dicen por ahí, y mal las cosas empiezan en el año para Morelos. En efecto, el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, la perredista Gisela Mota, subraya varios fenómenos a los que no se ha querido dar carta de plena existencia. El primero, es la situación de inseguridad que se vive en el corredor Guerrero-Morelos, que hace mucho rebasó a las autoridades locales, sean municipales o estatales. Ni Héctor Astudillo ni Graco Ramírez parecen asumir la situación y se dedican a responder con lugares comunes ante los hechos sangrientos que suceden cotidianamente. Las autoridades federales también están rebasadas, pero de diferente manera. Los gobiernos locales no parecen saber qué pasa, tampoco parecen poder contra el crimen organizado que está enquistado en esferas de poder. Además, da la impresión de que no quieren sumarse a una lucha a la que temen. No saben, no pueden, no quieren.
En cambio, el gobierno federal sí sabe y sí quiere, pero no puede. Son tantos los asuntos en los que los policías federales y las fuerzas armadas están involucrados que no se dan abasto. Ahora no sólo se dedican a mantener la seguridad y combatir el crimen, además de ayudar a la población en casos de emergencia, sino que custodian a los maestros que tratan de cumplir con la evaluación. Son muchos pequeños incendios (algunos no tan pequeños) y los guardianes del orden no son tantos. Han estado más de ocho años en las calles, han muerto muchos de sus elementos, ¿cuánto tiempo más se puede mantener este esquema?
Por lo pronto, el gobernador Ramírez ha dado su explicación de lo que sucedió tras la muerte de la presidenta municipal de Temixco: se trató de un intento de frenar el mando único. Por esa razón, ayer en la tarde decretó que todos los municipios de la entidad estarán regidos por ese mando. Mientras, algunos personajes como Javier Sicilia reprochan al gobernador lo imposible: que le brinde protección a los presidentes municipales, a todos ellos. Los medios y las autoridades explican que la zona está bajo control del grupo delictivo de Los Rojos, quienes se oponen a que las autoridades tomen el control.
Esta narrativa en términos de buenos y malos niega algo esencial: no hay manera de que las bandas criminales subsistan si no es a través de una vasta red en donde están involucrados funcionarios y población civil, quienes obtienen ganancias a cambio de proteger los intereses de dichos criminales. Los personajes críticos debían también encaminar sus palabras para exigir que todas las personas involucradas paguen por sus delitos. Estos delincuentes pasan por ciudadanos honorables y en realidad son cómplices de los peores crímenes en la historia reciente de nuestro país.
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