El motín en el reclusorio de Topo Chico, Nuevo León, el pasado jueves 11 de febrero, evidenció una serie de problemas en las cárceles mexicanas,…
El motín en el reclusorio de Topo Chico, Nuevo León, el pasado jueves 11 de febrero, evidenció una serie de problemas en las cárceles mexicanas, entre los que se encuentra la ingobernabilidad, la ineficiencia en la impartición de justicia, la sobrepoblación carcelaria, entre otros. Ante este escenario, se analizarán algunos elementos conforme a los datos reportados por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en el Cuaderno Nacional de Estadística Penitenciaria de diciembre 2015[1]
¿Qué pasó en Topo Chico?
Una pelea entre dos grupos de internos liderados por Jorge Iván Hernández, el "Credo", y Juan Pedro Saldívar Farías, el "Z27", ambos del cártel de Los Zetas[2], dejó un saldo de 49 muertos y 12 heridos. La tragedia dejó ver, entre otras cosas, que una gran parte de los reos que murieron no estaban sentenciados y la mayoría sólo estaban procesados. Adicionalmente, convivían personas acusadas por delitos menores con sicarios, secuestradores y asesinos múltiples.[3]
Los escollos penitenciarios
Falta de gobernabilidad
A pesar de que el relator especial de la ONU, Juan Méndez, alertó al gobierno de México sobre violaciones y privilegios en Topo Chico desde abril 2014,[4] las condiciones no mejoraron para el momento del altercado, situación que visibilizó el vacío de poder del gobierno que ha sido llenado por líderes de grupos criminales.
La situación se repite a nivel nacional e incluso ha sido confirmado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien reconoció que en más del 70% de las prisiones hay autogobierno impuesto por grupos delictivos.[5] Lo anterior, pone en duda el efectivo cumplimiento del Estado de derecho.
Sobrepoblación
Entre 2000 y 2014, la población penitenciaria del país se incrementó en 65%, con un ritmo de crecimiento anual promedio del 3.4%[6]. De la población total penitenciaria, el 81% enfrenta acusaciones por crímenes del fuero común y 19% lo hace por aquellos del fuero federal. Además, se estima que el 60% de los presos enfrentan cargos por crímenes menores.[7]
Existen en total 389 centros penitenciarios con capacidad de 208,905; aunque en la práctica se encuentran recluidos 38,583 individuos adicionales: existe una sobrepoblación del 18%. El problema es más agudo en algunos centros penitenciarios estatales:
De total de reclusorios estatales, 49% informa que tiene capacidad de sobra, lo que deja ver que el verdadero problema radica en la distribución de los internos, más no en la escasez de espacios.
En el caso de Topo Chico, la información disponible es un tanto contradictoria. La variación en las cifras es significativa de acuerdo con la fuente, no obstante, la CNS estima que para diciembre 2015 solamente había una sobrepoblación del 7.6% (280 adicionales).[8]
Justicia lenta
En México, en promedio 2 de cada 5 reclusos se encuentran bajo proceso de recibir sentencia. Los afectados por los largos y pausados procesos de impartición de justicia son principalmente delincuentes del fuero común (75%), es decir, aquellos sentenciados por amenazas, daños en propiedad ajena, delitos sexuales, fraudes y homicidios.[9]
Esta situación es más marcada en los reclusorios federales (CEFERESOS), quienes en promedio tienen a la mitad de su población sin sentencia. Ejemplos alarmantes son el Altiplano, donde el 93% de los presos está bajo esta condición; y Occidente, donde la cifra asciende al 91%.
A nivel estatal, destacan los casos de: Oaxaca (71%), Durango (69%) y Quintana Roo (69%), que revelan un claro problema de justicia ineficaz. El Distrito Federal es la entidad mejor evaluada en este rubro, donde solo el 11% de la población carcelaria no tiene sentencia.
Conclusión
En su más reciente visita, el Papa Francisco señaló claramente el problema cuando visitó el penal de Ciudad Juárez, al mencionar que pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas más que promover la rehabilitación de los reclusos.[10] En este sentido, los reclusorios parecerían escuelas de crimen, donde aquellos que han sido encerrados por crímenes menores se gradúan en especialistas de la fechoría. Es urgente atender la problemática antes descrita para evitar más incidentes como el de Topo Chico.
[1] Disponible en www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1399543//archivo
[2] Ibid, “Investigación exhaustiva…”
[3] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/02/12/topo-chico-penal-para-procesados
[4] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/02/16/onu-alerto-al-gobierno-mexicano-desde-2014
[5] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/17/buscan-comparecencias-de-osorio-y-sales-por-crisis-en-penales
[6] http://www.prisonstudies.org/country/mexico
[7] http://mexiconewsdaily.com/news/overpopulated-jails-to-get-new-money/
[8] http://www.cedhnl.org.mx/imagenes/publicacionesespeciales/Informe2014_SituacionDHenNLPersonasPrivadasDeLibertad.PDF
[9] http://archivo.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Ministerio_Publico.asp
[10] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/02/17/papa-pide-romper-circulos-de-la-violencia-y-delincuencia
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