El capítulo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se ha cerrado para el gobierno federal, pero la mala relación con la Comisión Interamericana…
El capítulo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se ha cerrado para el gobierno federal, pero la mala relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanecerá el resto del sexenio. Me temo que no sólo quedará ahí. El binomio GIEI-CIDH colocó una diana en la espalda de la administración peñista y todas las organizaciones de derechos humanos apuntan a su centro: el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre las principales. Sólo hay que ver sus señalamientos de los últimos meses para darse cuenta de esto.
Una segunda consecuencia negativa para el gobierno de Peña es que donde quiera que sale de viaje, los gobiernos de los países desarrollados se sienten con el deber de hacerle recomendaciones sobre derechos humanos y ofrecerle su ayuda para resolver el caso Iguala. En mala hora se le ocurrió al exprocurador Murillo Karam la idea de que había que invitar a que la CIDH enviara un grupo para demostrar que no había sido el gobierno federal el responsable de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. En mala hora su triunfalismo lo llevó a declarar como “verdad histórica” algo que sólo era una investigación a medias. Se olvidó de un detalle esencial: las organizaciones de derechos humanos no están para exonerar gobiernos; están para dudar de ellos como uno de sus principios de actuación.
El gobierno federal parece resignado a esa mala relación con las organizaciones de los derechos humanos, parece poco dispuesto a siquiera tratar de dar otra imagen. Es posible que no sepa cómo hacerlo, pero también puede estar apostando al olvido. Un olvido social que, para decirlo claramente, llega rápido. Las encuestas recientes que miden la popularidad del presidente Peña Nieto y su gobierno ponen entre las dos primeras preocupaciones la situación económica y la corrupción. Incluso en la encuesta de Reforma, los líderes señalan estos dos rubros. Cuando se refieren a la corrupción no parecen estar pensando en los derechos humanos, sino en otros temas, acaso más cercanos: la casa blanca, la negativa a adoptar la iniciativa 3de3, etc.
Ante una ciudadanía indiferente para defender los derechos humanos, un intento de cambiar de imagen en este tema tal vez sea un esfuerzo que alcance una pequeña recompensa y los costos políticos pueden ser más altos. Después de todo, ninguno de los grandes actores políticos parece estar preocupado por los derechos humanos. Ni los partidos, ni los medios, ni el Congreso de la Unión, ni los dueños del capital. Todos tienen una preocupación coyuntural y un interés político, pero ninguno parece dispuesto a desarrollar una lucha central por el tema. Tal vez entre los posibles candidatos independientes, el único que parece empecinado es Jorge G. Castañeda, que ha señalado que la única manera de defender los derechos humanos es romper con un sistema de partidos que refuerza un modelo abusivo hacia los ciudadanos. Veremos si los ciudadanos recompensan esta tesis.
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