Después de ver la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones ante la comisión respectiva del Senado de la República, en donde varios senadores de la oposición le advirtieron…
Después de ver la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones ante la comisión respectiva del Senado de la República, en donde varios senadores de la oposición le advirtieron la desconfianza y las suspicacias —señaló el senador Fidel Demédicis— que generó en la opinión pública el otorgamiento de la licitación al único consorcio que presentó una oferta para la construcción del tren bala México-Querétaro. Informado de ello, el Presidente de la República, sabiamente —o no le quedó de otra— decidió reponer el procedimiento de la licitación para garantizar su transparencia. Bien.
En mi opinión, todas los contratos, permisos o concesiones que el gobierno otorga mediante licitaciones deben ser completamente transparentes y los favorecidos deben cumplir con el objeto para los que se les otorgó y es obligación de los funcionarios responsables hacerlas cumplir a cabalidad. ¿O no?
"En 1997, la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Emilio Chauyffet “consciente de la importancia económica de la industria hípica mexicana” decidió impulsarla otorgando un nuevo permiso para operar el Hipódromo de las Américas"… pues el plan de negocios del permisionario anterior falló.
El referido permiso se le otorgó a la empresa Administradora Mexicana de Hipódromo (AMH), subsidiara de la empresa CIE de Alejandro Soberón Kuri y debido a los graves problemas financieros que enfrentaba le vendió el 84.5% de las acciones a la empresa española CODERE —que también hoy enfrenta problemas financieros muy serios— ahora la opera.
Dictaba la convocatoria de la licitación internacional: "el Hipódromo de las Américas debe constituirse en el detonador del resurgimiento de esta importante industria aprovechando su enorme potencial y su inigualable tradición".
Así pues, pasados casi 17 años de que la permisionaria se hizo cargo de la operación del Hipódromo y de las 52 hectáreas de este terreno que pertenece al patrimonio inmobiliario federal —por la cual al parecer no paga renta alguna—, me pregunto ¿ha cumplido la permisionaria con el objeto de la licitación: "garantizar el éxito de los diversos sectores que dependen de su eficaz explotación, asegurando que su operación rinda un espectáculo de calidad similar a los espectáculos internacionales de su misma naturaleza y para que la generación de recursos acredite un mayor monto en los premios y para el desarrollo y fortalecimiento de la cría caballar y mejores condiciones a caballistas, jinetes y demás sectores involucrados"?.
La respuesta es contundente: NO… y la autoridad responsable —Marcela González Salas— no ha obligado a la permisionaria a cumplir con el objeto de su permiso señalado en el párrafo anterior, a pesar de que en toda la operación la empresa permisionaria sí obtiene utilidades.
La empresa obtienen ingresos millonarios producto de la venta en sus restaurantes (caros y malos); la publicidad estática que explotan; ingresos por estacionamiento, venta de programas y derechos de entrada; la renta de espacios y el ingreso millonario que obtiene en sus casas de apuesta.
Lo que debía ser un ingreso importante, el dinero generado de las apuestas en las carreras están muy disminuidas. El sábado 1 de noviembre, en donde los caballistas ofrecieron las carreras de la Copa Criadores se apostó la ridícula cantidad de $ 1,323,000; el Viernes 31 solo 631 mil y el Domingo 2 solo 825 mil y cada día la asistencia sigue disminuyendo por la falta de una promoción adecuada, una operación eficiente y de una autoridad hípica (un Órgano Técnico de Consulta ilegítimo) que no tiene credibilidad alguna.
Por señalarlo, en la Copa Criadores que se ofreció ese mismo sábado en el Hipódromo de Santa Anita, en California, se apostaron 105 millones de dólares y una asistencia récord de casi 61 mil turf fanáticos.
La directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Marcela González Salas sostiene que a nadie le interesa ir a ese centro hípico y es cierto, a quién le va interesar formar parte y asistir a ese espectáculo si los principios fundamentales de la hípica no se respetan y se permite que un solo dueño, Enrique Cantarell Díaz —con varios "seudónimos"— el solo ofrece una carrera con la consentimiento y pleno conocimiento de la autoridad reguladora, por solo señalar una de las mil irregularidades que existen en el centro hípico.
El derrumbe de nuestra hípica es inminente con la consecuencia de la pérdida de muchos empleos y de la drástica reducción del número de caballos Pura Sangre que se crían en el país. Las participaciones del mismo gobierno se han visto seriamente afectados.
Entonces, ¿cabe revocar el permiso?, la Comisión Especial de Juegos de la Cámara de Diputados debe, en mi opinión, hacer una profunda investigación de lo que sucede en el Hipódromo de las Américas y ponerle remedio…. AHM no cumple con el objeto de su permiso y sostengo que sí se puede rescatar la industria. Se necesita conocimiento del negocio y la voluntad para hacerlo.
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