Un conocido mío, propietario de una mina de plata en Durango, me comentó hace unos seis meses que le salía más caro satisfacer las exigencias monetarias de los soldados que…
Un conocido mío, propietario de una mina de plata en Durango, me comentó hace unos seis meses que le salía más caro satisfacer las exigencias monetarias de los soldados que supuestamente estaban para protegerlo a él y a los demás pobladores de la región que las que les hacían los delincuentes que operaban en la zona. En pocas palabras, los buenos le pedían más dinero que los malos para que su mina operara sin problemas.
El problema es que estaba obligado a darle a las dos organizaciones, la militar y la criminal, para no verse perjudicado por alguna de ellas.
Esto me lo platicó el minero hace seis meses, es decir mucho antes de que una banda delincuencial se robara, la semana pasada, 900 kilogramos de oro valuados en 8.4 millones de dólares de la mina El Gallo 1, ubicada en la zona serrana de Mocorito, en Sinaloa, uno de los estados más inseguros de nuestro país.
Lo que el minero me dijo no es nuevo, tal como le lo ratificaron varios de sus colegas con quienes hablé después.
Por eso me llama mucho la atención de que el robo del oro propiedad de la minera canadiense McEwen Mining haya causado tanto alboroto. Tal vez el escándalo obedeció a que el propietario de la empresa, Robert McEwen, declarara en un programa de finanzas de la televisión canadiense que ésta nunca había tenido problemas porque mantenía “una buena relación” con las organizaciones criminales de la región. Durante el programa McEwen explicó: “Si queremos ir a explorar a algún lugar les preguntamos y te dicen 'no', pero luego dicen 'regresen en un par de semanas cuando terminemos’ lo que estamos haciendo”.
Lo dicho por McEwen de alguna manera confirmó lo que meses atrás me habían dicho los mineros que entrevisté, aunque el canadiense después tratara de aclarar que no dijo lo que dijo sino que quería decir otra cosa.
A raíz del robo del oro propiedad de la empresa canadiense la Comisión Nacional de Seguridad anunció que investigará a las minas que estén colaborando con el hampa o sean víctimas de ésta. Para variar, se necesitó de un escándalo mediático con repercusiones en el extranjero para que las autoridades federales decidieran actuar en torno a una realidad que desde hace tiempo se conoce y se comenta en las zonas mineras afectadas, situación que desde hace meses denuncié en mi programa de radio y TV sin que algún funcionario del las áreas de seguridad pública o nacional me contactara para obtener más información sobre el caso que denuncié públicamente.
Conozco desde hace casi un cuarto de siglo al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y no tengo porqué dudar de que es un funcionario probo y capaz. Por eso le sugiero que no solo investigue a las empresas mineras sino a los mandos del Ejército, la Policía Federal, la Marina y las policías estatales y locales que aparentemente descubrieron que vender sus servicios para proporcionar seguridad a las empresas es un negocio altamente redituable. No olvido lo que me dijo el minero duranguense: “Me sacan más dinero los soldados que los delincuentes”.
También le sugiero a los responsables de los servicios de inteligencia que demuestren que la tienen atendiendo a las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación nacionales y no solo los extranjeros. Que sean capaces de prevenir los delitos y no limitarse a reaccionar una vez que estos se cometen, como aparentemente ha sido la norma hasta ahora.
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