Después de los resultados de los comicios para elegir gobernador en doce entidades el clima postelectoral se muestra muy diferente. Incluso, contrastante en cada una…
Después de los resultados de los comicios para elegir gobernador en doce entidades el clima postelectoral se muestra muy diferente. Incluso, contrastante en cada una de ellas: en algunos estados priva la calma y una notoria madurez social y, en otros, los conflictos se han transformado en disturbios.
En Quintana Roo se va estableciendo una marcada tendencia hacia el divisionismo mediante una suerte de acoso y persecución que busca terminar en linchamiento.
Se trata de una predisposición al enfrentamiento que trasciende de la victoria en las urnas en la que los que se llaman ganadores -que no hay que dejar de lado que lo son parcialmente-, pretenden establecer un estado de excepción, una especie de lista de Schindler.
Como si hubieran alcanzado una potestad extra legal para suprimir políticamente a sus otrora rivales con facultades para la violencia por medio de amenazas muy violentas.
Este efecto se nota predominantemente en Chetumal, la capital del Estado, enclave estratégico para determinar el resultado de la elección por la gubernatura. En los otros municipios estas expresiones no alcanzan esa dimensión.
Una gran parte de la sociedad capitalina, hay que decirlo no toda, está inmersa en una novedosa sensación de empoderamiento toda vez que consideran en justicia que la definición electoral les corresponde a ellos, no a los partidos ni a su candidato a la gubernatura.
Esta situación está siendo aprovechada por miembros muy cercanos al equipo del gobernador electo Carlos Joaquín González para azuzar este sentimiento en contra de la administración saliente.
Propiciando un panorama de encono superlativo, en una dinámica que representa exactamente lo mismo de lo que se quejaban hace sólo unas semanas, como si lo único que estuviera cambiando es el bando y no la coyuntura.
En su sed de venganza no alcanzan a percibir que lo que favorecen es un efecto que en unos meses podría volverse en su propia contra; sobre todo porque esta unidad social no está vinculada a ninguna militancia partidista, lo que la hace si bien genuina, también independiente.
Estos grupos sociales consideran, y tienen razón, en que los verdaderos artífices de la victoria son ellos, por tanto el nuevo gobierno tendrá que atender puntualmente sus directrices.
En el análisis hay que considerar también que el nuevo gobierno será observado y criticado con el mismo fervor, pero adicionalmente con una complicación: el margen de maniobra implica un parámetro muy alto.
Estos grupos esperan respuestas de gobierno inmediatas, no sólo en los cambios de actitud, especialmente en acciones tangibles relacionadas con el desarrollo y la economía, particularmente de la región sur del Estado.
De no ser así, independientemente de la dificultad y el tiempo que eso implica, al término de la luna de miel la comunidad va a exigir esos beneficios ofertados en campaña, y lo que el nuevo círculo rojo del poder local no ha entendido, es que en su momento serán ellos quienes tendrán que dar la cara ante esas expresiones virulentas que ellos mismos incitan.
Este fenómeno tiene su epicentro en la capital del Estado, y el gobernador electo está dejando que se desarrolle, lo que no va a favorecer la gobernabilidad, con todo y que el priismo en alianza con el Partido Verde mantiene una gran fuerza institucional y de simpatías. No es casual que esa conformación obtuviera ocho de los once municipios y la mayoría en el Congreso del Estado.
Esto pone de manifiesto que la voluntad popular se inclinó por el equilibrio, de tal suerte que el fenómeno que aconteció en la capital, no puede ser ni por mucho un reflejo generalizado de la situación integral, sobre todo si se compara con la situación de Cancún, la ciudad más poblada del Estado, donde el binomio PRI-Verde se llevó todo lo que estaba en juego.
Visto así, se percibe que en Quintana Roo se está incubando un escenario sumamente peligroso si quienes en la euforia de la victoria, sean miembros del equipo del gobernador electo o simple y llanamente ciudadanos en lo individual, pretenden establecer un sistema de convivencia tan arcaico como retrógrada.
Una especie de ley de la selva donde prevalezca y se imponga desde la autoridad quien tenga más capacidad para la violencia, donde se decrete de facto la desaparición de la pluralidad y la libre expresión, donde sólo unos decidan los parámetros de lo que a su juicio y conveniencia sea lo correcto.
Donde no medie el contraste ni el respeto, donde como en la Edad Media o la Revolución Francesa, los castigos por pensar de otra manera sean punitivos, por decisión de una nueva inquisición dogmática instaurada en el odio irracional. Una analogía que remite a los tiempos del cardenal Niño de Guevara en Toledo o de Robespierre en París: el efecto contrario a lo que en teoría se pretendía lograr.
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