Recientemente se ha vuelto a poner en discusion el modus operandi del despojo de tierras desde el poder estatal…
Recientemente se ha vuelto a poner en discusion el modus operandi del despojo de tierras desde el poder estatal y municipal a particulares en el estado de Quintana Roo.
Esto mediante el recuento del supuesto procedimiento mediante el cual se falsificaron documentos y registros con el fin de suplantar a los auténticos propietarios de los terrenos, mismos que se asegura posteriormente fueron vendidos a personas allegadas a los dos anteriores gobernadores de la entidad.
Se sostiene que esa dinámica continúa incluso después del cambio de gobierno y se acusa de manera particular a la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, como una de las responsables.
Sin embargo, las menciones que sustentan la version son únicamente referenciales, no hay de por medio pruebas fehacientes que permitan establecer una responsabilidad directa de la alcaldesa.
En Quintana Roo el problema de los despojos no es nuevo y en muchos casos se ha señalado la participación de autoridades locales en acciones que podrían tipificar como ilegales, existen un cúmulo de denuncias al respecto, que están siendo atendidas tanto en tribunales locales y federales, como en los de la jurisdicción territorial y agraria.
Es evidente que estas aseveraciones carecen del rigor de una averiguación a detalle, donde las suposiciones por descontado pretenden convertirse en pruebas, que ante la falta de sustento apuestan por la espectacularidad del escándalo.
Prueba de ello es la solicitud presentada por escrito por la presidenta municipal de Puerto Morelos ante el portal Aristegui Noticias para ejercer su derecho de réplica y dar respuesta puntual a lo expuesto en un reportaje al respecto.
Carmen Aristegui publicó la carta dos días después y le dio lectura en su noticiero, sin embargo lo hizo de una forma en que se hizo patente su intención de desacreditar dicha réplica, lo que provocó una segunda aclaración de parte de la presidenta municipal, que no fue ni publicada ni comentada.
En el documento firmado por Laura Fernández Piña se establece que en efecto existe un litigio en la zona denominada Punta Brava en la demarcación que preside y que una de las partes involucradas, la empresa Gajo del Sureste, obtuvo una clave catastral porque cumplió con el requisito previo de contar con una boleta del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, firmada por el delegado de esa dependencia en Cancún, con fecha del 15 de diciembre de 2016.
La fecha es muy importante porque esa boleta fue aprobada por la administración estatal que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González, lo que contradice cualquier teoría respecto de una complicidad o confabulación orquestada por el gobierno anterior para efectos de un despojo.
Sin dejar de lado que los municipios son la última instancia de la cadena de trámites que se deben llevar al cabo para adquirir una propiedad, resalta de manera particular que aún contando con el aval del gobierno del Estado, mediante la boleta emitida por el Registro Público de la Propiedad, la presidenta municipal, en atención de las solicitudes de los afectados a quienes atendió personalmente, canceló la clave catastral.
También, por disposición del juez que lleva la causa, el ayuntamiento no puede realizar trámite alguno relacionado con los predios de la zona en conflicto, incluyendo el cobro del impuesto predial.
Si nos atenemos a la fecha de la autorización de la boleta otorgada por el gobierno estatal, lo que queda claro no es la participación del municipio de Puerto Morelos en la presunción de actos de autoridad en beneficio de particulares o en su defecto en perjuicio de los propietarios de los terrenos, sino que la investigación tendría que apuntar hacia el poder estatal.
Laura Fernández, únicamente se ha limitado a cumplir con el proceso legal en curso, sin siquiera hacer frente a las acusaciones claramente dolosas en su contra, señalando que el origen del conflicto proviene del documento emitido por el Estado.
Para Fernández Piña lo más sencillo para salir al paso de cualquier especulación, sería exponer con documentos en la mano que fue el gobierno del Estado y no el ayuntamiento que preside quien otorgó el documento.
Pero más importante y contundente aún es que a petición y gestión de Laura Fernández, para garantizar la legalidad y transparencia, el pasado jueves 3 de agosto se instaló públicamente en Puerto Morelos una mesa denominada de certeza jurídica.
En ésta participan funcionarios federales de la Sedatu, el gobierno del Estado y por supuesto del municipio, para que cada instancia asuma la responsabilidad que le corresponde en este asunto, lo que representa no sólo una respuesta terminante a cualquier especulación, sino también un mecanismo que deslinda por obvia cuestión de facultades la participación que a cada parte le implica.
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