Para llevar a la acción las reformas en el sector educativo, la inversión por excelencia en el gasto público, se requieren atender al menos cinco factores: Fin al abuso (eliminación…
Para llevar a la acción las reformas en el sector educativo, la inversión por excelencia en el gasto público, se requieren atender al menos cinco factores:
Fin al abuso (eliminación efectiva de desvío e irregularidades en las plazas). El Presupuesto debe reflejar los ahorros y cambios de destino de los fondos de servicios personales, dada la plena vigencia de la prohibición de comisiones sindicales y de la correspondiente obligación de licencias sin goce de sueldo para tareas no educativas; coordinarse con el Padrón Único de Maestros y el Registro Nacional de Asistencia Técnica Pedagógica, para que toda posible comisión vigente o futura quede verificada con su justificación propiamente educativa y, finalmente, deben fortalecerse las atribuciones de los órganos de fiscalización superior de todo el país para detectar y sancionar a los funcionarios que continúen autorizando el gasto en comisionados.
Transparencia y contraloría social del destino final. Es difícil identificar el destino final de los recursos presupuestales asignados a través de los Ramos 25 y 33. Este déficit de transparencia contribuye al círculo vicioso del mal gasto al dificultar la eficacia del gasto destinado a eliminar obstáculos socioeconómicos al proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes; impedir una adecuada contraloría social de seguimiento al ejercicio y control de los recursos y obstaculizar la evaluación y rendición de cuentas. El Presupuesto debe marcar claramente la obligación de identificar a los beneficiarios finales del presupuesto educativo, hasta el nivel de centro escolar; en paralelo, se deben precisar los procedimientos y sanciones, junto con el correspondiente fortalecimiento en atribuciones de la Auditoría, que deben activarse como consecuencia de información omitida, retrasada o distorsionada por los gobiernos estatales.
Atención focalizada al Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo. El Programa debe sentar las bases para el sostenimiento de comunidades de aprendizaje y reorientar el gasto educativo hacia los centros escolares, comenzando por aquellos identificados con grave déficit de infraestructura por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). Así, debe reiterarse la exigencia de la entrega por parte de la autoridad de las bases completas del Censo, activar la contraloría social para evitar la captura electoral del programa y el seguimiento de la aplicación de los fondos, que fueron programados para tres años, comenzando este año 2014, además de concretar las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas, mandatadas por ley y omitidas en este primer año de su vigencia.
Inclusión de fondos suficientes para el desarrollo profesional docente. La reforma educativa estableció la obligación del Estado de ofrecer oportunidades suficientes y de calidad para la formación, capacitación y actualización continua de los maestros. El Presupuesto debe contemplar este fondo, sin mezclarlo con los incentivos y estímulos. La oferta necesaria debe atender necesidades de cientos de miles de educadores, además de hacerlo con pertinencia ante sus necesidades específicas ante la eventualidad de una evaluación de desempeño exigente que comienza ya en 2015. El presupuesto aprobado para 2014 fue de sólo 239 pesos por maestro, escandalosamente insuficiente.
Financiamiento para apoyar el desarrollo integral desde la infancia temprana. La educación de calidad es la forma concreta de atender el derecho universal a aprender, el cual no inicia en la primaria, sino desde el nacimiento. El Presupuesto debe reflejar una visión de la educación que no se limita a los servicios escolares a partir de los seis años, pues hay una grave desatención a la etapa anterior, con un promedio estimado de 85,000 pesos por niño en el periodo 0 a 5, de los cuales sólo el 14% se destinan a programas y servicios para la población de 0 a 3 años, los “mil días formativos” de los que depende literalmente el futuro de cada persona y de todo el país. Aún siendo gravemente insuficiente en los presupuestos de años pasados, los montos principales los llevan las estrategias de supervivencia (salud, nutrición y asistencia social), sin un adecuado complemento de activación y desarrollo neurológico y educativo que es la base del ejercicio del derecho consagrado en la Constitución.
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