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¿Por qué tenemos que designar al séptimo magistrado electoral?

1 de mayo, 2015

RHT

En 1996 surge una de las reformas políticas-electorales de mayor envergadura en el país. Varios fueron los temas aludidos por la misma reforma, sin embargo, según estimo uno de los…

En 1996 surge una de las reformas políticas-electorales de mayor envergadura en el país. Varios fueron los temas aludidos por la misma reforma, sin embargo, según estimo uno de los temas principales para otorgar certidumbre electoral, fue el de crear instituciones electorales imparciales para resolver problema del fraude electoral, que por años, se decía por parte de los actores políticos –partidos, candidatos y ciudadanos- que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizaba con el resultado de las elecciones.

Así, para otorgar certeza jurídica se instituye un Tribunal Electoral que se incorpora al Poder Judicial de la Federación, y como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado le corresponde resolver entre otras impugnaciones, las impugnaciones en forma definitiva e inatacable, en las elecciones federales de diputados, federales y de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Así como de resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Carta Magna y las leyes.

De tal suerte, y desde 1996 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra con siete magistrados en la Sala Superior, no obstante para resolver las impugnaciones que se le presenten en este proceso electoral y con el resultado de las elecciones del próximo 7 de junio, han tenido y tendrán que resolverlas únicamente con 6 magistrados.

En efecto, desafortunadamente, resulta ser de esta manera, pues ayer en el cierre del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores, los grupos parlamentarios no consiguieron los suficientes acuerdos políticos para designar, de la terna avalada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a uno de los tres candidatos al cargo de Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y que tendrá que sustituir al magistrado saliente (Alejandro Luna Ramos).

Se nos dice que el PAN culpa al PRI, por no designarlo en tiempo y forma. Pero no se nos dice cuáles fueron las negociaciones políticas que faltaron concretar entre ellos, para así estar en condiciones jurídicas e integrar debidamente la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Lo curioso del asunto es que por un lado los ministros de la SCJN, otorgaron confianza, por el perfil, trayectoria y conocimientos jurídicos en materia electoral a tres especialistas que fueron sometidos ante el senado, para que, por otro lado los senadores fallaran en tiempo y forma, quien de ellos sería el mejor candidato en ocupar la magistratura electoral.

Bueno, después de todo, la esperanza muere al último, se nos dice que el PRI propone que el nombramiento sea para septiembre, ya que no cabe la posibilidad de ser designado en un periodo extraordinario.

Así que, por un lado, sospecho que aún les queda un poco de ilusión a los candidatos Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldívar y Julio Cesar Cruz Ricárdez, pues en septiembre sería posible obtener el aval de los senadores. Y, también, supongo que por ahora no fue necesario, otorgar la designación, pues hasta donde se conoce, el Tribunal Electoral, es el único de los órganos jurisdiccionales en el país que no tienen rezagos en la resolución de los expedientes.

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