Mucho se ha dicho y escrito sobre los violentos sucesos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio, y en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre. Con base…
Mucho se ha dicho y escrito sobre los violentos sucesos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio, y en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.
Con base en la información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR) sabemos que en Tlatlaya tres soldados mataron a 22 criminales. De acuerdo al procurador general, Jesús Murillo Karam, 14 perdieron la vida durante la balacera y ocho fueron asesinados con sus propias armas después de rendirse. También sabemos que el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, mintió el 17 de julio al asegurar que sus investigaciones mostraban que cada uno de los 22 perdió la vida al enfrentarse a los militares.
Sabemos que en Iguala una veintena de policías municipales mató a seis personas y secuestró a 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. También, que cerca de Iguala se han encontrado varias tumbas clandestinas de donde se han rescatado 28 cadáveres que aún no han sido identificados. Sabemos que el presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la policía municipal de Iguala están prófugos después de que el gobernador perredista de Guerrero, el expriísta Ángel Aguirre Rivero, no hizo nada para prevenir su fuga apenas se supo de que aparentemente estaban involucrados en los asesinatos y secuestros.
Lo que no sabemos es por qué mataron a los 21 en Tlatlaya, ni por qué los policías municipales de Iguala dispararon en contra de los autobuses en donde iban los estudiantes de Ayotzinapa y los jóvenes jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo. Tampoco sabemos por qué los policías, aparentemente apoyados por miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, se llevaron a los 43 normalistas. Asimismo ignoramos porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices hace meses, cuando se enteraron de que estaban involucrados con la delincuencia organizada.
En lo que al caso Tlatlaya se refiere, personas que están enteradas del asunto me dicen que los soldados mataron a los 22 para vengar a militares y policías que han muerto al ser emboscados por criminales o al enfrentarse a alguna de las distintas bandas de la delincuencia organizada que operan en los municipios de Tlatlaya, Luvianos, Amatepec y Tejupilco, en la Tierra Caliente mexiquense. Lo que nadie me ha podido o querido decir es si los militares actuaron por su cuenta o acatando órdenes superiores.
La pregunta de por qué agredieron a balazos a los normalistas y por qué secuestraron a 47 de ellos sigue sin respuesta. La única explicación lógica es que tal vez algunos de los estudiantes estaban de alguna manera afectando las actividades criminales y los negocios de los Guerreros Unidos, del prófugo José Luis Abarca, su esposa y de quién sabe cuántos otros funcionarios involucrados con esta y otras bandas criminales.
La investigación de ambos casos está en manos de la PGR y del ministerio público federal y supuestamente permitirá que, tarde o temprano, se conozca la verdad, caiga quien caiga.
Foto: http://media.proceso.com.mx/
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