Como se había adelantado en este espacio hace un par de días, la PGR declaró que los 43 estudiantes desaparecidos están oficialmente muertos. Fueron asesinados por un grupo de Guerreros…
Como se había adelantado en este espacio hace un par de días, la PGR declaró que los 43 estudiantes desaparecidos están oficialmente muertos. Fueron asesinados por un grupo de Guerreros Unidos y cremados en el basurero de Cocula. Esta es la versión oficial basada en el hecho de que los nuevos testimonios apuntan a fortalecer la versión que diera el procurador Murillo Karam en noviembre pasado.
Con un timing impresionante, se conjuntaron varios hechos que apuntan a varios cambios en el manejo del tema Ayotzinapa. Un día después de la pacífica marcha del 26 de enero, los diarios estimaron que había reunido entre 5 y 15 mil personas, cuando era evidente que eran muchos más. De cualquier forma, la marcha mostró que el movimiento ha perdido fuerza y se ha convertido en vehículo para otras causas. Era hora de actuar.
El mismo 26, un desplegado de la Iniciativa Privada exigía que se impusiera el Estado de Derecho. Al otro día, el poderoso empresario Lorenzo Servitje pedía el apoyo de los empresarios al presidente Peña Nieto en su momento de “mayor debilidad.” Varios días antes, plumas importantes, como la de Héctor Aguilar Camín, señalaban la necesidad de dar por cerrado el caso con base en las pruebas encontradas. El mismo gobernador de Guerrero, Ortega Martínez, pedía que el gobierno dijera la verdad, “por dura que fuera”.
Previo a la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, en donde anunció la versión oficial de lo sucedido en Iguala, el presidente de la República indicó que el país debía seguir adelante, a pesar del dolor de la pérdida. Al mismo tiempo, en una de las casetas más tomadas de la Autopista del Sol, la Policía Federal impedía, por fin, que un grupo de “jóvenes encapuchados” se hiciera de ella.
A menos que creamos que todo esto es una serie de coincidencias, es claro que el gobierno federal preparó todo en caso de confirmar que la marcha mostraba signos de debilidad. Y todo esto se hizo antes del arranque de las campañas, con muchos meses por venir de spots, discursos de candidatos y debates en el Congreso. Se apuesta a que el peso de las campañas y las discusiones en el escenario público ocupen la atención del país. No es una mala suposición, hay bases para suponer que hay un cierto hartazgo de los excesos de los aliados de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.
Como era de esperarse, los padres de familia y sus aliados han rechazado la decisión de la PGR y aseguran que llevarán el caso a instancias internacionales. La pregunta es si el resto del país, sociedad civil y clase política, consideran cerrado el caso. Ya veremos.
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