Estamos inmersos en transición y cambio; al menos esa percepción hace presencia amplia en el país.
Estamos inmersos en transición y cambio; al menos esa percepción hace presencia amplia en el país. Sin necesidad de abundar en el proceso reciente, y ante la contundencia mostrada, enfocada al cambio fundamentalmente, la expectativa aumenta en la proporción negada a las propuestas de otras facciones. Lo social y lo político ya dirimen sus diferencias en la visión de cobertura que se ha convertido en una constante: la pobreza, y de cara a esa lacerante realidad, surgen programas, ideas y finalmente proyectos. El tema, que abarca generaciones, precisa de un sesgo programático que por ahora tal vez no lleguemos a vislumbrar. Vendrá acompañado de disposiciones y lazos institucionales. La disposición mostrada en el régimen actual, facilita las labores de entrega y en muchos casos, la apuesta es al seguimiento, cuando las cosas se han hecho no solamente bien, cuando es evidente la vocación de servicio. No obstante, el tema de la economía es apremiante por que deriva en política pública que puede alterar el orden de la inversión, de la confianza, del empleo y de la innegable función de respaldo del sector empresarial. En ello, se incluye la banca, los servicios y todas las funciones de los agentes económicos del país.
El compás de espera para eliminar el proceso de transición se antoja más que amplio; los meses que vienen no detienen la marcha de una economía pujante como es la nuestra. Hemos sido testigos de la suavidad con la que hemos recorrido desde el tipo de cambio, hasta la interpretación de mercados financieros. Las cosas ya encuentran acomodo en la nueva expresión de gobierno. Los caminos del diálogo con las organizaciones empresariales, han sido provechosas. Los marcos de referencia del proceso en referencia, han dejado atrás diferencias. Nunca se satisfacen todas las expectativas de todos los sectores con la simple apertura del diálogo, aún cuando buena parte aclara la posibilidad de participar en forma activa bajo las prerrogativas que ya se encuentran presentes. No olvidemos que tenemos un gran compromiso con la inversión extranjera directa, cuantiosa sin duda, con reformas que invitaron al capital de riesgo en la exploración de aguas profundas principalmente. Tampoco podemos soslayar tratados bilaterales y multilaterales, terreno que ha abonado al crecimiento y desarrollo de la nación. Hay buenas cuentas en las variables económicas, en el empleo, en las reservas internacionales y en la disciplina de obligaciones gubernamentales. Del exterior, se ha recibido disposición y apertura. Los signos son de avance.
Sin embargo, debiera aprovecharse el momento para la cautela en cuanto a futuras acciones, sobre todo en las que no se tiene una injerencia directa, por el concurso de variables internacionales, de precio y oferta. Especular sobre una acción futura, sin tener los controles, por así denominar el asiento en el despacho de los responsables de política económica, puede crear no solamente confusión, puede adelantar un reclamo inmerecido al no existir todas las prerrogativas que detenta el poder. La selección de proyectos que pudieran tomarse, al desechar otros, existentes o no, impactan en forma determinante toda esa gama de decisiones que acompañan el riesgo empresarial y los nichos de mercado que pudieran nutrirse con políticas perfectamente definidas. Adelantar, por ejemplo, una tasa de crecimiento, que desafía años de crecimiento sostenido en un rango que no supera el 2% en promedio, sin haber dejado de crecer en innumerables trimestres, provoca expectativa que puede ser sostenida una vez que el nuevo gobierno tenga en la mesa todas y cada una de las variables, y control de ellas, para lograrlo. La apuesta al cambio es innegable, las estipulaciones en el ahorro las tenemos asimiladas, las disposiciones de activos de la nación tendrán nuevas regulaciones; estamos en espera de recortes del gasto público, de disciplina económica y otras variaciones en la concepción del tamaño del Estado. Todo eso será aceptado sin cuestionamientos, por la simple lógica de evitar el dispendio; un gobierno disciplinado recibirá merecimiento ciudadano. Algunas interrogantes ya inundan pronunciamientos de carácter fiscal y cuestionan acumulación de recursos sin respaldo impositivo, al menos el que existe. Son adelantos, no son pronunciamientos que sostengan firmeza. Las intenciones no conforman política pública.
Si el futuro es promisorio, los adelantos son recibidos como multiplicador en la función tácita de logro, tal vez por la psicología del cambio esperado. La oferta de gobierno, no olvidemos, tiene antecedentes añejos en la aspiración del poder de esta expresión ganadora; no es asunto menor en una mayoría que desbordó toda prerrogativa democrática. Como nunca antes, es vigilada toda comunicación, y vigilado también todo pronunciamiento desde esa fase; desde esa misma viene la adaptación ciudadana que acomoda una parte representativa en el voto otorgado. En palabras simples, todos se sienten con derecho de aspiración a la mejora que venga, como venga, y de donde venga.
El concepto de costo de oportunidad expresado al inicio de este texto, se expresa como aquella siguiente mejor alternativa. Toda circunstancia económica estudia alternativas, unas se toman y otras se dejan pasar; influye el retorno esperado, como en cualquier inversión, influye el impacto en los costos y finalmente el aprovechamiento de los recursos que se emplean para crear más, o para crear bienestar, si del servicio público hablamos. En política económica, la siguiente mejor alternativa es la espera, para tener todos los elementos de juicio, sin la creación de falsas expectativas en las situaciones verdaderamente trascendentes. El costo de oportunidad de una nación, como en toda entidad que maneja recursos, debe ser la expresión definida en el tiempo preciso.
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