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En www.enciclopedia-juridica.biz14.com se lee esta definición de Estado de derecho: “Ente organizado jurídicamente conforme al principio de separación de poderes en el cual se reconocen derechos públicos subjetivos y se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del sometimiento de la Administración a la ley, cual es la expresión de la voluntad popular. Se caracteriza por: 1) división de poderes; 2) imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; 3) reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, y; 4) sometimiento del Estado a la ley”.
Para World Justice Project (WJP), una organización independiente y multidisciplinaria basada en Washington, DC, que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo, un Estado de derecho es aquel en el cual se mantienen los siguientes cuatro principios universales: “1) El gobierno y sus funcionarios y agentes son responsables ante la ley; 2) Las leyes son claras, publicitadas, estables y justas, y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y los bienes; 3) El proceso mediante el cual se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes es accesible, eficiente y justo, y; 4)La justicia es impartida por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales que son suficientes en número, tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven”.
Con base en estas definiciones es claro que en México no es un Estado de derecho. La realidad también lo demuestra.
El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 (WJP Rule of Law Index) elaborado por WJP y difundido ayer, confirma que nuestro país dista de ser el Estado de derecho que tanto presumen muchos de nuestros funcionarios.
Este índice, que puede consultarse en worldjusticeproject.org, “mide la observancia del estado de derecho en 113 países y jurisdicciones de todo el mundo en base a más de 110,000 encuestas de hogares y 3,000 de expertos… mide el desempeño del Estado de derecho en ocho factores: 1) Restricciones a las facultades del gobierno; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad: 6) aplicación de regulaciones; 7) justicia civil y; 8) justicia criminal”. Cada uno de estos factores recibe una calificación que va del 0.0 al 1.0; mientras más alta sea la calificación más se observa el Estado de derecho en ese país.
México, con 0.45 puntos, ocupa el lugar 92 de los 113 países, por debajo de Filipinas, Irán o Ghana y empatado con Sierra Leona, Liberia y Kenia.
En los ocho factores nuestro país recibe estas calificaciones: 1) Restricciones a las facultades del gobierno: 0.46; 2) ausencia de corrupción: 0.31; 3) gobierno abierto: 0.61; 4) derechos fundamentales: 0.52; 5) orden y seguridad: 0.59; 6) aplicación de regulaciones: 0.44; 7) justicia civil: 0.40 y; 8) justicia criminal: 030”.
En resumen: México no es un Estado de derecho.
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