Conversé ayer con el Subprocurador de Combate a la Corrupción del gobierno de Nuevo León, Ernesto Canales…
Conversé ayer con el Subprocurador de Combate a la Corrupción del gobierno de Nuevo León, Ernesto Canales, sobre los procesos que se siguen contra el ex gobernador priista Rodrigo Medina.
Recordemos que Medina fue encarcelado de manera preventiva el jueves 26 de enero, después de que el juez de control Miguel Ángel Eufrasio lo ordenara como medida cautelar, “ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3,128 millones de pesos” y tomando en cuenta que el exgobernador podría ser sentenciado a hasta 36 años de prisión. Sin embargo, antes de que terminara el día, a eso de las 11 de la noche, fue liberado por orden de la Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado De Nuevo León (Monterrey), Beatriz Jaimes Ramos, quien consideró que el juez Eufrasio violó una suspensión concedida previamente al ex gobernador, además de que el delito que se le imputa no es grave ni ameritaba prisión preventiva. No es grave, a pesar de que el monto a que asciende el supuesto daño que Medina le causó al patrimonio del estado asciende a los 3,128 millones de pesos
Canales me explicó ayer que el proceso contra Rodrigo Medina sólo se dilató y que “lo importante es de que el fondo no fue tocado, el amparo se le expidió a la medida cautelar, pero la resolución lo había implicado en dos delitos adicionales que inicialmente no los habían aceptado”.
Le pregunté si no existe riesgo de que Medina se desaparezca como lo hicieron sus ex colegas Javier Duarte de Veracruz y Tomás Yarrington de Tamaulipas, a lo que respondió que el exgobernador de Nuevo León tiene los medios para hacerlo, “lo ha demostrado y enfrentar un proceso con una pena probable de 36 años de cárcel, es un incentivo para que se pudiera dar a la fuga, es una sanción muy fuerte”.
Los delitos por los que se le acusa a Medina, “son el daño al patrimonio del Estado, el uso indebido de funciones y el peculado, que significa el desvío de recursos públicos para fines privados”. Canales aceptó que todavía no han acusado al ex gobernador de haberse robado ese dinero, que “esa es otra etapa en la que todavía estamos investigando””, dijo.
El hombre encargado de combatir la corrupción en Nuevo León explicó que la jueza ordenó la liberación de Medina con el argumento de que éste estaba amparado, y añadió que “efectivamente, había tramitado un amparo, pero éste lo protegía de su situación jurídica en la que estaba antes de la nueva sentencia en donde se le imputan dos delitos más que cambia su situación política, y por tanto el amparo que llevaba ya no aplicaba”.
Anunció que la subprocuraduría a su cargo presentará una denuncia en contra de la jueza Jaimes Ramos “porque está torciendo totalmente el sentido de la ley” y que la defensa de Medina a su también acusó penalmente al juez de control que consideró que no se podía fijar esta sanción”.
“Estamos metidos en una batalla legal, pero a ver de qué cuero salen más correas”, añadió Canales y consideró que este juicio durará no más de cinco o seis meses.
Independientemente de que se le haya otorgado un amparo, los procesos penales siguen su curso “y esperamos que este juicio no debe de durar más de cinco o seis meses”.
Finalmente, dijo que no tiene conocimiento de que el gobierno federal esté investigando al ex gobernador de Nuevo León, “a pesar de que nosotros como Procuraduría, le hemos pedido tanto a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda, que nos proporcionen información y datos, pero no nos han contestado”.
Foto: Miguel Ángel Carmona
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