Cientos de ciudades de diferentes países del mundo, pero sobre todo de las siguiente regiones, América Latina y Europa…
Cientos de ciudades de diferentes países del mundo, pero sobre todo de las siguiente regiones, América Latina y Europa, fueron ayer escenario de manifestaciones de diferente índole en pro del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para exigir el fin de las agresiones machistas.
Reclamar mayor protección de las víctimas, y medidas para la prevención y el castigo de los abusos, es sin duda el motor de su lucha.
La jornada reivindicativa tuvo especial seguimiento en España, donde miles de personas, convocadas por diferentes organizaciones sociales, partidos y sindicatos, desfilaron por las capitales de cincuenta provincias del país para expresar su rechazo al maltrato machista, que en lo que va de 2017 ya ha matado a 45 mujeres.
En los últimos diez años (2007- 2017) fueron asesinadas muchas más de 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país, y así lo revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En promedio, cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta.
Las causas son diversas fueron por mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento, degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala.
El Inegi detalló en su momento que las carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los Ministerios Públicos de las Fiscalías y Procuradurías estatales pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que presenta un incremento de 152%.
Las zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, era la de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos, lo que representaba en su momento el 35% de la incidencia nacional.
De acuerdo con las declaraciones a los medios de comunicación por parte de Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional, 2012 fue uno de los años más graves para las mujeres en general. Sin embargo, retomar las cifras de los últimos cinco y connotar el incremento es escalofriante.
La información de dominio público indica que 61 por ciento de los asesinatos se concentra en nueve entidades. En el Estado de México, se iniciaron tres mil 363 expedientes; Chihuahua, dos mil 376; Guerrero, mil 749; Ciudad de México, mil 349; Jalisco, mil 20; Veracruz, 973; Baja California, 936; Tamaulipas, 930 y Nuevo León, 918.
Durante el mandato de FECAL, 12 mil 308 mujeres fueron asesinadas, mientras que en los cuatro primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 10 mil 174 muertes. La tendencia por año que se ha presentado durante la actual administración indica que al finalizar la gestión del mandatario en turno se superarán los homicidios de la gestión anterior.
Sus casas, un parque, el trabajo o el transporte público, hoteles o calles se encuentran entre los principales lugares donde niñas, jóvenes y mujeres adultas son asesinadas de forma violenta, según registros de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, así como de organizaciones sociales.
Según documentan cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus esposos.
En México, también se han identificado como victimarios a parejas sentimentales —novios—, familiares directos, compañeros de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, personas conocidas o extrañas.
Especialistas en temas de violencia contra las mujeres mencionaron que no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se cometen en el país, ya que las autoridades no reportan los homicidios o, incluso llegan a consignar las muertes como no intencionales o suicidios.
Además, aunado a esta situación, los ministerios públicos y peritos no realizan las investigaciones conforme a los protocolos internacionales, por lo que se desconoce cuántos de los 22 mil 482 asesinatos de mujeres en la última década, fueron tipificados como feminicidios.
Las especialistas también mencionaron que la falta de investigación no permite conocer cuántas personas fueron sentenciadas por los crímenes o, incluso, cuántas fueron puestas en libertad ante la falta de elementos, situación que origina desconocimiento para poder implementar políticas públicas que permitan prevenir y combatir al problema.
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