Las invasiones de tierra, un grave mal en Quintana Roo

En Quintana Roo, las invasiones de tierra han sido una constante desde hace muchos años… En Quintana Roo, las invasiones de tierra han sido una constante desde hace muchos años; sin embargo, estas irrupciones dejaron de ser...

13 de septiembre, 2016
RHT
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En Quintana Roo, las invasiones de tierra han sido una constante desde hace muchos años…

En Quintana Roo, las invasiones de tierra han sido una constante desde hace muchos años; sin embargo, estas irrupciones dejaron de ser sólo de personas de escasos recursos.

Anteriormente, el fenómeno consistía en que estos grupos ocupaban pequeños terrenos en las periferias de las ciudades para poder establecer sus viviendas y para que el gobierno las regularice y dotara de servicios públicos.

En contraste, de un tiempo para acá, las invasiones se han estado llevando al cabo en predios costeros de gran plusvalía, en enormes superficies de tierra y con el uso de personal privado pagado para resguardarlas.

Se trata de propiedades que pertenecen tanto a núcleos ejidales como a inversionistas, funcionarios públicos y políticos estatales y federales.

Independientemente del uso de la fuerza, los usurpadores -que se presume son hombres de gran poder y recursos económicos, políticos y ahora también empresarios- han aprovechado un débil esquema jurídico mediante el cual ha sido posible la elaboración de dobles titulaciones, en algunos casos hasta con documentación y registros falsos.




Aunado a ello, la justicia local y federal se ha mostrado complaciente con este fenómeno, a pesar de la incertidumbre y desprestigio que esto genera, sobre todo entre los empresarios desarrolladores de proyectos turísticos de gran calado.

En Quintana Roo, la tenencia de la tierra se ha vuelto un juego de azar en donde la propiedad depende más de la suerte que de la certeza legal. Nadie está exento de sufrir el despojo de sus tierras.

Esto está provocando que ya no sean sólo, como se ha especulado, los mismos funcionarios públicos quienes ejecuten estos procedimientos y ante la relajación, lo que se ha vuelto hoy más preocupante, es que ahora son los mismos particulares quienes se asedian unos a otros.

No se puede dejar de contemplar que en esta nueva condición no estén involucrados intereses relacionados con el poder en complicidad con quienes están realizando las posesiones físicamente.

Se podría hablar de una especie de sociedad o simplemente del pago de favores entre políticos y particulares sin distingo de a quien se afecte y, prueba fehaciente de ello, sucedió hace apenas tres semanas:

Cincuenta empleados de la empresa ABC, propiedad de Eduardo Solís Preciat, prominente hombre de negocios de Yucatán y Quintana Roo, quien goza de prestigio no sólo por sus éxitos comerciales, sino porque hasta ahora, su desenvolvimiento público había sido intachable, ingresaron de manera ilegal en el predio denominado Balam Tun, ubicado a las afueras de la ciudad de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad.

El motivo de la invasión fue para extraer material pétreo destinado para la materia prima de la empresa que fabrica bloques, causando una enorme devastación.

En principio y ante la denuncia del propietario del predio, las policías ministerial y municipal procedieron al desalojo, pero sin detener a los infractores a pesar de descubrirlos en flagrancia.

Lo extraño del caso es que un día después los mismos trabajadores al servicio de Solís Preciat reingresaron al terreno armados para facilitar el acceso de maquinaria pesada y a pesar de que el propietario de la superficie volvió a informar a la Fiscalía del hecho, no ha tenido hasta el día de hoy respuesta de ésta o ninguna otra autoridad.

Trascendió que el legítimo dueño del terreno fue informado de manera extra oficial que la policía no procedería a la expulsión correspondiente, toda vez que había una contra orden de un alto nivel para efectos de no detener el allanamiento.

Esta situación hace suponer que el señor Solís Preciat cuenta con el apoyo de algún mando de alto rango en la Fiscalía General del Estado, quien estaría solapando esta situación.

El apoderado legal de la empresa ABC, Juan Carlos Góngora, ha rechazado que se trate de una invasión con el argumento de que la zona afectada les pertenece y que el conflicto se debe a una confusión en cuanto a los límites de las extensiones.

Sin embargo, la delimitación de las propiedades -sobre todo considerando la enorme superficie ocupada-, no deja lugar a dudas de que se trata efectivamente de una intrusión.

Lamentablemente este nuevo hecho se suma a una larga lista de situaciones similares e incluso aún peores  y que los eventuales inversionistas, sobre todo quienes planean construir proyectos de desarrollo turístico, ahora para adquirir una propiedad en el estado, no sólo tienen que garantizarse previamente tener absoluta certeza documental de la propiedad, sino también de la posesión física.

Coyuntura que no sólo los afecta económicamente, sino que se convierte en un riesgo de seguridad en torno de su inversión y eso se ha convertido ya en la peor publicidad posible, para el estado con el mayor poderío turístico del país.

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