Como ya se indicó ayer, ninguna de las crisis mencionadas hasta ahora las inició López Obrador, pero su triunfo…
Como ya se indicó ayer, ninguna de las crisis mencionadas hasta ahora las inició López Obrador, pero su triunfo logrará cambiar una serie de esquemas y relaciones que habían disimulado el tamaño de los problemas. Se define una crisis como la incapacidad de una estructura o una relación para adaptarse a los cambios. En este sentido, partidos, instituciones, medios de comunicación, relación poder económico-poder político, entre otras cosas, se han vuelto incapaces de dar respuestas adecuadas a las exigencias sociales, políticas, económicas y de seguridad, pero se han podido sostener por un entramado en donde los recursos, en su mayoría provenientes del Estado, y las relaciones juegan un papel fundamental. Al final del día, los integrantes de la clase política y empresarial no representan lo mismo, pero es innegable que tienen una amplia base de intereses comunes. Las partes se han vuelto inoperantes, pero el entramado del que se hablaba las sostiene. El problema ni siquiera es la corrupción pública y privada, este es un resultado, sino la incapacidad de las instituciones para garantizar crecimiento, distribución de la riqueza, salarios mejor retribuidos, mayor seguridad pública y un largo etcétera.
En este sentido, se quiera o no, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representa un cambio. Pero no todo cambio garantiza avanzar en la solución de los problemas. La mayoría de los votos que se le den podrían ser votos con la esperanza de un cambio en la dirección correcta, es decir, que resuelva los problemas que son más graves. Sin embargo, ninguna de las propuestas del candidato morenista parece de fondo. Van unos ejemplos: sobre la desigualdad socioeconómica ha dicho que no subirá los impuestos (un mecanismo que podría genera recursos de los más ricos para destinarlos a obras y creación de empleos), que subirá el salario mínimo (que de todos modos seguirá siendo mínimo) y que dará recursos a estudiantes y jóvenes que no estudian ni trabajan, ambas medidas correctas, pero si no hay un plan (y no parece haberlo) no se está hablando de una inversión, sino de más asistencialismo. En el asunto del combate a la corrupción no hay ninguna propuesta seria sobre la mesa y en el de seguridad más allá del amor y paz y la inasible amnistía no parece haber medidas concretas. Se dirá que ninguno de los otros candidatos tiene ideas viables y es cierto. Meade y Anaya proponen, en última instancia, caminar por el mismo sendero. La realidad es que la clase política, la alta burocracia y los empresarios se han servido con la cuchara grande, mientras las grandes masas poblacionales salen adelante con mucho esfuerzo. Ese abuso es el que parece que se cobrará el 1° de julio.
López Obrador no propone un cambio de régimen ni de sistema (al menos aún no), sino un cambio en la forma de gobernar y en el papel del Estado. Quiere un gobierno que controle totalmente el presidente de la República y un Estado mucho más presente en la economía, en la sociedad y hasta en la alcoba.
Por otro lado, los partidos, medios de comunicación y gran empresa parecen dispuestos a (tratar de) acomodarse a las nuevas (viejas) condiciones. ¿Lo lograrán?
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